La historia es bastante conocida por los poblanos, o al menos por casi el 80% de la población que se mueve cotidianamente en el transporte público concesionado. Primero, se pone sobre la mesa la demanda irracional y estúpida de los concesionarios sobre un aumento de dos o tres pesos al precio del pasaje; después, vienen las amenazas de paros y los primeros ofrecimientos de parte de las autoridades para integrar una comisión revisora; luego llega la etapa de silencio y especulación; y finalmente se concreta el aumento de cuando menos el 50% de lo exigido por los transportistas. Y que los ciudadanos se conformen, porque volvieron a ganar los intereses de un puñado de familias que dominan la mafia del servicio público.
 
Hoy, a un año y medio de distancia del último aumento al pasaje (diciembre de 2010), y con el pretexto de que los diputados ya aprobaron que la tarifa del Metrobús será de $7.50, los concesionarios de los camiones y micros de siempre ya dijeron que buscarán subir el pasaje a $9.50. Claro está que la tirada de estos sujetos es lograr cuando menos los $7.00, cifra que de cualquier manera resulta arbitraria e inaceptable considerando que no hay ningún avance en la modernización del servicio concesionado.
 
Que si el pago de las unidades “nuevas”, que los incrementos a la gasolina y el diesel, que si las refacciones ya subieron. Los dueños de las concesiones podrán decir misa, pero el hecho es que en estricta justicia el pago por un servicio debe ir en proporción directa a la cantidad y calidad de lo suministrado.
 
Y en este momento, a pesar de todos los ofrecimientos pasados de “ahora sí” vamos a mejorar, el transporte público sigue estando caracterizado por la irregularidad en los horarios de servicio y espacio entre unidades; los choferes siguen siendo cafres que no respetan a peatones ni otros automovilistas; continúan apropiándose de vialidades generando agresividad y caos; siguen tratando mal a los usuarios, además de que el aseo y condiciones generales de las unidades continúan siendo pésimos. Para qué hablar más si todos saben los vicios del transporte público, sobresaliendo que continúan las muertes por atropellamiento causadas por los choferes.
 
Un servidor viene diciendo, desde el sexenio de antepasado, que aquel gobernador del Estado capaz de poner en verdadero orden al transporte público concesionado, por encima de las presiones políticas y económicas de los que regentean dicho gremio, por ese sólo hecho se ganaría la gratitud y buen recuerdo de la gran mayoría de los poblanos, aunque no hiciera muchas otras cosas relevantes en su administración.
 
El gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle ha demostrado en varias oportunidades su vocación por combinar armónicamente lo público con lo moderno, dándole una perspectiva distinta a lo que se venía haciendo en forma tradicional, obsoleta o mediocre. Ahí están obras de alto impacto duramente cuestionadas por ciertos sectores en un principio, pero fuertemente aplaudidas una vez que los poblanos las han disfrutado.
 
Muchos poblanos esperan, de corazón, que también el tema del transporte público experimente la indispensable transformación que necesita, comenzando por el hecho de no permitir otra vez, sin un cambio verdadero de parte de los concesionarios, un nuevo asalto a la economía de cientos de miles de usuarios del servicio público.
 
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