Es un hecho que la elección presidencial está impugnada. Mediante una conferencia de prensa en la que se le vio desencajado y molesto, Andrés Manuel López Obrador anunció que exigirá el recuento en muchos, si no es que todos, de los trescientos distritos electorales federales apelando a inconsistencias que habrían orientado el resultado final hacia el abanderado del PRI, Enrique Peña.
 
Y en la misma línea van candidatos de la izquierda a las diputaciones federales como los de Puebla, a quienes de la noche a la mañana se les desapareció la ventaja preliminar con la que se había cerrado la jornada del 1 de julio, cayendo incluso hasta el tercer lugar en los cómputos totales.
 
Se habla de la gran e increíble cantidad de votos nulos que se están contabilizando, que podrían cambiar el resultado de una elección distrital si se comprueba que no fueron tales. Se menciona también la compra descarada del sufragio el día de la elección, ahora mediante la “moderna” estrategia de las tarjetas electrónicas precargadas. Y qué decir de las viejas mañas de siempre, en las que cierto partido político tiene tesis de doctorado.
 
El punto es que pésele a quien le pese, mientras la izquierda y López Obrador cuenten con recursos jurídicos para exigir que se transparente la elección, aún mediante un recuento voto por voto que los urgidos consideran ocioso, están en su derecho de usarlos.
 
El problema es que antes, durante y después de las recientes campañas, además del propio día de las votaciones, existieron realidades inequitativas y hasta ilícitas que no se van a encontrar dentro de la urna ni aunque la desarmen para buscar. Hubieron realidades denunciadas durante todo el proceso, que muy pocos quisieron escuchar y menos investigar, que al final se vieron reflejadas en los resultados electorales.
 
Parece que dicen la verdad los consejeros del IFE, así como los representantes y voceros del PRI cuando afirman que no hubo fraude. Pero hay que comenzar por definir qué entendemos por fraude: ¿el robo descarado del voto así como la coacción violenta contra la gente para elegir a cierto candidato?, ¿o será que también deberíamos comenzar a llamar fraude a la suma de todas las condiciones inequitativas, deliberadamente ignoradas por la autoridad, capaces de influir en la intención de voto de la población?
 
Si nos referimos a la primera definición, es cierto que no hubo fraude. Pero si se aprecia lo sucedido a través de los constantes esfuerzos de ciertos actores para encumbrar a Peña Nieto, ocultando todos sus defectos con una máscara llamada publicidad televisiva al por mayor (y cortesía de las propias televisoras), sin duda estamos ante un proceso electoral viciado desde el principio.
 
No es gratuito que la ignorancia de Peña Nieto, sus declaraciones misóginas al diario español El País, su nulo conocimiento de los precios de la canasta básica, las declaraciones discriminatorias de su hija mayor (que no pudo haber caído muy lejos del árbol), la oscuridad en torno a la muerte de su esposa, sus relaciones fraternas con iconos de la corrupción como Arturo Montiel y Carlos Salinas, su incapacidad para detener los feminicidios y el narcotráfico en el Estado de México, y su cobardía para enfrentar con altura los señalamientos de los jóvenes, hayan sido tan desoídas y hasta ocultadas por medios de comunicación que le pagaron campañas publicitarias multimillonarias.
 
Nada de lo anterior se va a encontrar objetivamente dentro de las urnas, como tampoco se va a encontrar una explicación satisfactoria que diga por qué tantos mexicanos accedieron a vender literalmente su voto por un plástico efímero, una despensa, un suvenir o un billete de doscientos pesos.
 
Es imposible identificar cuál voto se dio en conciencia, pensando en la urgencia de un país mejor, cuál se le dio al candidato sólo por su apariencia y aparecer en revistas de espectáculos, y cuál se compró de último momento gracias a la ignorancia y la cortísima visión de quienes se prestaron a ceder por mendrugos el sagrado derecho de elegir.
 
Hubo millones que votaron por el PRI pensando efectivamente que era la mejor opción, como hubo quienes hicieron lo propio por el PAN o las izquierdas. Ellos analizaron y combinaron el análisis con otros factores, como el interés personal o hasta las influencias familiares. La cultura y el acceso a información completa e imparcial también son determinantes para decidir el voto.
 
El vicio está en que un solo partido concentró la gran mayoría de las prácticas inequitativas previas a la elección, y ese “copete” le permitió alzarse con una victoria electoral, aunque de ninguna manera democrática.
 
Al final, quedará en la conciencia de cada mexicano si votó esperando lo mejor para su país, o si lo hizo deslumbrado por centavos que a esta hora ya se habrá gastado, a cambio de seis años de reproches y arrepentimientos.
 
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