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El 12 de abril, tras una denuncia anónima por presuntos actos de corrupción, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, inició una investigación en contra de Arturo Zaldívar, quien también presidió la Corte. Además de la Suprema Corte, otra instancia a la que le dan responsabilidades es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), otra rama del Poder Judicial.
Norma Piña ordenó al propio CJF y a la Unidad General de Responsabilidades Administrativas de la SCJN investigar a Zaldívar por presuntamente haber vulnerado la autonomía de la Corte, tras presionar a jueces y magistrados par que emitan fallos a favor de terceras personas y para beneficio personal. De igual manera, investiga a varios de sus excolaboradores por corrupción, enriquecimiento ilícito, extorsión, uso indebido de funciones y hostigamiento laboral.
En medio de esto, el CJF tiene un papel relevante porque un exfuncionario de esta instancia se vio involucrada en los casos de presión a más de 70 jueces y magistrados. También se considera que su función falló en evitar los presuntos ilícitos del exministro Zaldívar, aunque para muchas personas resulta incierto cuál es propiamente su competencia y qué facultades tiene.
¿Para qué sirve el Consejo de la Judicatura?
El Poder Judicial en México está dividido en tres órganos jurisdiccionales: la SCJN, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), encargado de las controversias político-electorales y, por último, el CJF. Este último es relevante porque de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encarga de la administración y vigilancia judicial de los órganos jurisdiccionales federales.
Una de sus principales atribuciones es la supervisión del funcionamiento de los otros órganos judiciales, ya que el CJF tiene como encargo que se cumplan las normativas y procedimientos establecidos en la ley para la SCJN y el TEPJF. Esto ayuda a mantener la calidad y eficiencia del servicio de justicia, pero sobre todo para que haya independencia del Poder Judicial.
Asimismo, esta es la única instancia con la facultad de sancionar a los funcionarios del PJF en caso de que alguno, en funciones o ya retirado, incurra en una falta administrativa o delito, o bien, si atenta contra la autonomía e independencia del poder. Esta es esencial porque se considera que con esto se garantiza una mayor integridad y confianza ante la sociedad.
Por lo anterior, se considera que el CJF garantiza que los jueces y magistrados actúen con independencia y sin presiones externas, que es lo que se señala hoy con Zaldívar, lo que fortalece la imparcialidad en las decisiones que adoptan los integrantes de este poder. Además, como parte de la promoción de transparencia y la rendición de cuentas, el CJF tiene como tarea evitar la corrupción dentro del sistema judicial.
En lo que respecta a la administración, el CJF es responsable de la administración de los recursos humanos y materiales del Poder Judicial, lo que incluye la planeación del presupuesto y la supervisión de los servicios que requieren los tribunales y juzgados para funcionar. Esta rama también abarca los procesos de administración de los edificios de que dispone el PJFA y la asignación o destitución de jueces de distrito y magistrados de circuito.
A estas dos figuras, jueces y magistrados, el CJF también los puede suspender de sus funciones en caso de que estén envueltos en un delito, con lo que también se da pie a una posible denuncia y, por consiguiente, una orden de aprehensión y enjuiciamiento en su contra.
Por otra parte, sus funciones de carrera judicial se refieren a que es el organismo que establece los lineamientos de selección, formación, evaluación y promoción de jueces y magistrados. La importancia de este punto radica en que con estos lineamientos se busca que los integrantes del PJF, en especial los jueces, magistrados y ministros, sean personas competentes para sus cargos.
En el caso de Arturo Zaldívar y sus posibles actos de corrupción y presión a jueces y ministros, el Consejo de la Judicatura será el organismo encargado de determinar si es viable proceder en su contra. Ahora, tras darse a conocer los hechos el 12 de abril, este órgano tiene como encomienda resolver si Zaldívar y sus colaboradores realmente afectaron al poder Judicial y las repercusiones que esto puede tener.
