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La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) establecer acciones que permitan que todas las entidades federativas cuenten con una fiscalía especializada.
El objetivo del dictamen avalado es establecer mecanismos de investigación que coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales.
El documento señala que hasta junio pasado, solo Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas contaban con fiscalías especializadas.
La Fepade es la autoridad encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional lo relativo a estos delitos y por tal motivo debe contar con unidades administrativas en toda la República, que investiguen y persigan delitos de este tipo.
El documento agrega que se debe tener presente que el combate a la impunidad y la corrupción es una tarea que compete a todas y a todos, por lo que es necesario velar por el derecho de la ciudadanía de expresar con toda libertad su voluntad electoral y que la procuración de justicia ejerza con prudencia, serenidad y energía sus facultades.
