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En medio de la contingencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, que tiene a la administración estatal concentrada en la atención del padecimiento, ha surgido un frente de guerra que además de confrontar a los gobiernos municipal y estatal, advierte una escalada de conflictos que podría afectar la gobernabilidad de Puebla.
Este domingo por la tarde, el ayuntamiento de Puebla divulgó a través de su página de Facebook un video en el que funcionarios piden respeto del Gobierno del Estado a la autonomía municipal, anuncian la interposición de un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para invalidar el nombramiento de Carla Morales Aguilar como nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y advierten de una presunta fabricación de pruebas.
“Todo por la razón, nada por la fuerza. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determine si el Gobierno del Estado tiene facultades para remover a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Queremos que esta controversia se resuelva de forma responsable y pacífica. No aceptaremos ningún tipo de amenaza o intimidación contra nuestros compañeros de la Policía Municipal”, indica el texto que acompaña al video en la cuenta de Facebook del ayuntamiento.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo en Seguridad Pública, la ciudad de Puebla había iniciado una tendencia a la baja en cuanto a delitos; en contraste, municipios como San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula o Huauchinango tuvieron repuntes por encima del 110 %.
Por ello, sorprende la decisión del gobierno del estado de remover a la secretaria de Seguridad de Puebla capital, pues esta acción sienta un precedente que algunos cabildos podrían aprovechar para atacar a sus gobiernos locales.
Por ejemplo, está el caso de San Pedro Cholula. Entre 2018 y 2019, el municipio a cargo de Luis Alberto Arriaga Lila tuvo un crecimiento delictivo de 73 %, cifra que daría el pretexto a los regidores para solicitar al Gobierno del estado también una remoción de su secretario de Seguridad Ciudadana, Francisco Fierro.
Regidores del cabildo cholulteca, liderados por María del Carmen Espinosa Torres, han votado en contra de los estados financieros del edil. El pasado 18 de marzo, además, los regidores le despojaron a Arriaga Lila de sus facultades para firmar convenios, acuerdos y contratos.
Con la determinación del Gobierno del Estado de remover a la secretaria de Seguridad de Puebla capital, los regidores de Cholula tomarían el ejemplo y también podrían solicitar la intervención estatal y cargar con ello, nuevamente, contra Luis Alberto Arriaga.
Otro caso es el de San Andrés Cholula. En dicho municipio, la inseguridad creció en 40 % entre 2018 y 2019. Los regidores de esta demarcación también tienen contra las cuerdas a la alcaldesa Karina Pérez Popoca, cuya aprobación de estados financieros no ha ocurrido.
En San Andrés, además, la división del cabildo se ha hecho más evidente tras la ruptura entre Pérez Popoca y quien fuera su padrino político, Adán Xicale. Este municipio también podría solicitar la remoción de su secretario de seguridad, Óscar Hugo Morales, con la intención de desestabilizar a Karina Pérez.
De acuerdo con un reporte del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim), San Andrés Cholula, Amozoc, Atlixco, Cuautlancingo, Huauchinango, Izucar de Matamoros, Puebla capital, San Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tehuacán, Tepeaca, Teziutlán, Xicotepec y Zacatlán son focos rojos en materia de inseguridad debido a la ausencia de políticas públicas innovadoras para la pacificación.
En estos 15 municipios, regidores podrían solicitar la intervención del Gobierno del Estado, generando con ello un estado de incertidumbre respecto a la autonomía municipal. Por tal razón, se advierte como grave el precedente que sentaría la intervención del Estado en la permanencia o no de los secretarios de seguridad pública.
Una fuente al interior de la Secretaría de Gobernación estatal, que lleva años en la dependencia, confirma a Imagen Poblana que en efecto los secretarios de seguridad municipal cuentan con la aprobación de Casa Puebla. Más dicha aprobación se negocia en función de las afinidades del alcalde y de las situaciones particulares de cada municipio: grupos sociales, criminales, conocimiento del territorio, entre otras.
Por tal razón, el Gobierno del Estado siempre ha tenido una participación en la seguridad municipal, aunque al final la soberanía municipal permite a los ediles elegir a su mando de seguridad que, en el mejor de los casos, estará respaldado por la administración estatal.
La intervención del Estado en medio del brote de Coronavirus y los conflictos ínter municipales que ocurren en las demarcaciones ya señaladas advierten el inició de un nuevo brote de protestas contra secretarios de seguridad locales, pues el precedente habrá quedado establecido.
