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La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pidió al presidente Trump, en una carta, que aclarara qué agencias de aplicación de la ley estuvieron involucradas en la vigilancia de las protestas en la capital de la nación.
"Le escribo para solicitar una lista completa de las agencias involucradas y aclaraciones sobre los roles y responsabilidades de las tropas y los recursos federales de aplicación de la ley que operan en la ciudad", dijo Pelosi.
La congresista añadió: "Es alarmante que aquí, en la capital de nuestra nación, los miles que han acudido pacíficamente se hayan enfrentado al despliegue de varios agentes de seguridad de múltiples jurisdicciones, incluido el personal de la ley federal no identificado".
El Congreso de Estados Unidos y el pueblo estadounidense, agregó, necesitan saber "quién estuvo a cargo, cuál fue la cadena de mando, cuál fue la misión y con qué autoridad está la Guardia Nacional de otros estados que operan en la capital".
Pelosi expresó su preocupación por el "aumento de la militarización" y agregó que la falta de claridad puede conducir al caos.
La principal demócrata en la Cámara le recordó a Trump que los oficiales de diferentes agencias federales salvaguardaron diferentes puntos de referencia en la capital de EEUU.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo que más de 100 agentes de la ley resultaron heridos durante protestas violentas en Washington, DC durante el fin de semana y durante esta semana.
Las protestas contra la brutalidad policial y el racismo estallaron en todo Estados Unidos tras la muerte de un hombre afroamericano, George Floyd, bajo custodia policial en Minneapolis, Minnesota, el 25 de mayo.
Un video del arresto de Floyd mostró a un oficial de policía blanco presionando su cuello durante casi nueve minutos mientras el detenido estaba esposado acostado boca abajo, diciendo repetidamente que no podía respirar.
Floyd murió poco después.
Sin embargo, las protestas pronto se convirtieron en disturbios completos con violencia contra oficiales y civiles, así como actos de destrucción de propiedades.
