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La pandemia de coronavirus traerá consigo una crisis económica cuyos efectos ya comienzan a observarse alrededor del mundo. Ésta, se espera, golpeará más fuerte en lugares donde históricamente se han enfrentado a grandes desigualdades y dificultades en la materia, como es el caso de Latinoamérica. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se estima una contracción de -5.4 por ciento en la región, lo cual se traducirá en 12 millones más de personas sin empleo y 30 millones más de pobres. A continuación, algunas de las distintas medidas que los gobiernos latinoamericanos han implementado con el fin de combatir estas dificultades, según datos del CEPAL y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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Cierto número de las acciones implementadas buscan proteger a las empresas, aliviando la presión tributaria y salarial, ante la caída en las ventas y el cese de actividades en distintos sectores. Tal es el caso de Argentina, donde el gobierno paga parcialmente el salario de determinadas compañías, o Perú, que postergó hasta mediados de año el pago de impuesto sobre la renta a pequeñas y medianas empresas (pymes). República Dominicana suspendió el pago de impuestos al sector hotelero y ofreció facilidades de pago para otras industrias. Uruguay también ha ofrecido aplazar el pago de impuestos a sus empresarios, además de poner a disposición créditos accesibles para pymes.
En tanto, otras medidas están enfocadas en la protección del empleo y los ingresos de las familias. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela han emitido bonos o pagos para ciertos sectores de su población, en particular a los considerados grupos vulnerables. Asimismo, se han aplicado reducciones de tarifas o suspensión de pago de los servicios básicos en países como Venezuela, Panamá, Chile, El Salvador o Bolivia. Venezuela suspendió, además, el corte del servicio de telecomunicaciones por falta de pago y en Colombia incluso se ha ordenado la reconexión del servicio de agua potable a personas morosas. Hasta el momento, Argentina ha sido el único país con un proyecto de impuesto a la riqueza.
Frente la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19, la CEPAL recomienda a los gobiernos la distribución de un ingreso básico de emergencia (IBE) "equivalente a una línea de pobreza (aproximadamente 140 dólares) durante seis meses a toda la población en situación de pobreza", lo que significaría un gasto del 2.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Similarmente, a principios de año, el Fondo Monetario Internacional también recomendó la transferencia condicionada de recursos como una de las medidas para asistir a los sectores más desprotegidos ante la crisis económica post coronavirus.
