Organizaciones defensoras de derechos humanos de varios países urgieron al Gobierno de México a transparentar la información sobre contagios de COVID-19 en la población migrante detenida y a liberarla, como establece una orden judicial incumplida.
La llamada Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, que encabeza Amnistía Internacional, planteó al Instituto Nacional de Migración (INM) "liberar a todas las personas detenidas como una medida para frenar los contagios, y permitir que la población migrante acate las medidas sanitarias establecidas por el Gobierno mexicano".
Tras declararse la emergencia sanitaria en marzo de 2020, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó tres medidas centrales para mitigar la pandemia: sana distancia, medidas de higiene y quedarse en casa, todas voluntarias y sin sanciones.
Sin embargo, el colectivo de organizaciones de México y Centroamérica denuncia que para la mayoría de las personas migrantes "estas medidas son difíciles de cumplir y su salud corre riesgo, ya sea por falta de atención oportuna o por negación de la misma".
El 17 de abril pasado, un juzgado de la Ciudad de México ordenó once medidas para "preservar la vida y la salud de las personas migrantes que se encuentran detenidas en las estaciones y estancias provisionales migratorias del país", a raíz de un juicio de amparo promovido por diversas organizaciones civiles.
La orden judicial establece "la libertad inmediata de personas vulnerables en el contexto del COVID-19", lo que abarca a adultos mayores, niños, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas
Entre abril y octubre de 2020, más de 40,000 migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también caribeños, fueron detenidos por el INM, según el recuento de las ONGs.
Terminar con el hacinamiento
La orden judicial también determina el otorgamiento de "estancia regular", que incluya acceso a la salud y la garantía de que ninguna niña, niño o adolescente serán detenidos.
A pesar de las órdenes del juez y de la falta de condiciones necesarias para adoptar las medidas sanitarias establecidas por el propio Gobierno, "el INM ha continuado con la detención de personas en estaciones migratorias", prosigue el documento.
Las condiciones impiden cumplir las medidas sanitarias recomendadas en estos centros de detención, que las autoridades siguen llamando con el eufemismo de "estaciones migratorias", de la misma manera que califican como "rescates" a los arrestos y "devolución asistida" a las deportaciones.
"Muchas personas viven, comen y duermen en espacios muy reducidos, no hay baños, lavamanos, ni jabón suficientes, a veces falta el agua, no hay buena ventilación, y tampoco hay suficientes cubrebocas o mascarillas, ni guantes para el personal que entra y sale", relata el informe.
De acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria oficial, entre abril y octubre de 2020 se registraron 40,362 eventos de detención de personas migrantes, 8,768 mujeres y 31,594 hombres, y de ese total, 4,632 son menores de edad.
El INM afirmó en agosto pasado que no tenía registros de casos de COVID-19 en las llamadas "estaciones migratorias" donde están las personas indocumentadas privadas de su libertad, pero las organizaciones lograron obtener mediante la Ley de Transparencia un reporte interno de 52 casos de coronavirus en estaciones migratorias en 10 estados del país, entre el 15 de junio y el 21 de octubre.
En septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo una recomendación por la muerte de una persona salvadoreña contagiada por el nuevo patógeno.
