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Contrario a las políticas de migración que impuso la administración de Donal Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, planea impulsar un amplio proyecto de ley sobre inmigración desde el primer día de su mandato, a fin de favorecer a poco más de 11 millones de personas que viven en EU sin estatus legal.
Con esta legislación, Biden cumpliría una de las promesas de campaña más importantes para los electores latinos y demás comunidades de inmigrantes, luego de cuatro años de políticas restrictivas y deportaciones masivas del presidente Donald Trump.
Sin embargo, el proyecto aún presenta carencias en su planeación, como no incluir el intercambio de mayor seguridad fronteriza favorecida por muchos republicanos, lo cual pondría en duda su aprobación en un Congreso dividido.
La propuesta comprendería que todos aquellos que vivan en los Estados Unidos a partir del 1 de enero de 2021, sin un estatus legal, tendrían un periodo de cinco años hacia la condición legal temporal o bien a una green card, de aprobar las verificaciones de antecedentes deberán pagar impuestos y cumplir con otros requisitos básicos. Y en caso de querer conseguir la ciudadanía se establecerán otros tres años.
Este proceso resulta más atractivo para algunos inmigrantes, ya que pueden calificar con mayor rapidez, como los llamados Dreamers, jóvenes que arribaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños, así como los trabajadores del campo y personas bajo estatus de protección temporal.
De acuerdo con expertos, el proyecto de ley no es tan complicado como la revisión al tema de inmigración que propuso Biden como vicepresidente durante la administración de Barack Obama. Además, provee subvenciones para el desarrollo de la fuerza laboral y el aprendizaje del idioma inglés.
En este sentido, se espera que Biden lleve a cabo acciones para revertir otras medidas de la administración de Trump, como el fin de la prohibición para la llegada de personas desde países predominantemente musulmanes.
Sin embargo, Biden enfrenta un Congreso profundamente dividido, en el cual los republicanos seguramente se opondrán, además del tema migratorio, a otras prioridades del nuevo presidente que implican el retroceso de algunos de los recortes fiscales del Partido Republicano de 2017 y el aumento del gasto federal.
