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Sólo unos meses después del inicio de la pandemia, el presidente de Tanzania, John Magufuli, declaró al país libre de COVID-19 tras tres días de oraciones nacionales. Desde entonces se ha negado a imponer el confinamiento, se han reabierto las escuelas, se permiten los grandes eventos deportivos, entre otras actividades. Además, las autoridades han dejado de notificar casos y muertes.
Para prevenir contagios, el gobierno recomendó confiar en Dios y en los remedios tradicionales africanos. Asimismo, por ahora las autoridades no tienen planes para vacunar a la población.
Sin embargo, la población requiere de la vacuna, pero esta no puede ser utilizada sin que esté registrada y autorizado su uso por un equipo internacional de expertos con la participación de otros especialistas de las autoridades nacionales. Si el Gobierno tanzano se niega a registrar la vacuna para su uso, nadie podrá acceder a ella.
De aprobarla, las autoridades podrían negarse a importarla. Pero esto permitiría al sector privado comprar algunas, aunque no serían suficientes. Ya que se requiere una gestión masiva, por ello muchos no podrían permitirse las vacunas o tener acceso a ellas. Por otra parte, las personas de la élite de Tanzania (o aquellos que dispongan de medios), podrían salir del país y vacunarse en otro sitio.
Otra forma de acceder a la vacuna sería entre aquellas comunidades fronterizas que, en el pasado, han cruzado a los países vecinos y se han beneficiado de los programas de vacunación. Esto podría llevarse a cabo si Kenia, Uganda, Ruanda y Malaui comienzan la inoculación de su sociedad.
A pesar de lo mencionado, Tanzania ha dicho que no tiene previsto encargar vacunas a través de COVAX (una iniciativa global destinada a lograr un acceso equitativo a las vacunas contra el COVID-19) ni de ningún otro mecanismo, ya que el gobierno ha afirmado que los tanzanos sólo deberían confiar en los antígenos que hayan sido revisados por expertos del país y que hayan sido considerados seguros.
Esta postura es extraña, ya que en Tanzania la cobertura de vacunación de la población es muy alta: alrededor del 80 % o 90 %. Esto significa que no hay antecedentes de oposición a las vacunas.
Contrario a Tanzania, Kenia, Uganda, Ruanda y Malaui han intentado conseguir la vacuna para sus ciudadanos y se han integrado en el servicio de COVAX. Ruanda incluso se ha adelantado y ha obtenido vacunas fuera del citado programa.
El mayor problema que enfrentan los países africanos es la escasez de vacunas en el mercado global. Para finales de este año muchos países ricos habrán vacunado a todos los que lo necesiten. Contrario a ello, los países africanos no contarán con disponibilidad total de las dosis hasta finales del próximo año o, incluso, hasta 2023.
La falta de vacunas y la negligencia de los gobiernos por adquirirlas supone un alto riesgo para Tanzania, pues ha permitido que el virus se propague sin control entre la población. La gente se está muriendo de lo que se está tipifica como neumonía y dificultades respiratorias.
Este problema también impacta en el personal sanitario. La desinformación en Tanzania podría provocar que estos trabajadores no tomen suficientes precauciones en las salas de urgencias e incluso en las consultas donde se atiende a los pacientes. Si el personal sanitario enferma, otros servicios sanitarios también se verán afectados.
Mientras Tanzania no haga algo contra el COVID-19 resultará imposible que los países con los que comparten fronteras estén libres de la enfermedad, además se pueden desarrollar nuevas variantes del patógeno, ya que surgen por la propagación incontrolada. De ser así, la variante se podría propagar por toda la región e invalidar las vacunaciones que se hayan administrado.
Por ello, esta pandemia no terminará en ningún lugar hasta que no esté controlada en todos los países. Y la postura de Tanzania hará mucho más difícil volver a la normalidad.
Con información de Catherine Kyobutungi, epidemióloga de Uganda, e Infobae.
