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Congresistas de EU pidieron al Gobierno del presidente Joe Biden tomar acciones "inmediatas y urgentes" para dar prioridad al tema de migración y derechos humanos en la relación con México, donde se cometieron más de 35,000 asesinatos en 2020, entre ellos de unos 30 defensores de derechos humanos y periodistas.
En una carta enviada al secretario de Estado, Antony Blinken, responsable de la política exterior, los legisladores plantean a la Casa Blanca la urgencia de "tomar medidas decisivas para asegurarse de que el Gobierno mexicano y asociaciones no gubernamentales puedan proteger y apoyar adecuadamente a los migrantes y mejorar la capacidad del propio sistema de asilo de México".
La misiva fue promovida por legisladores de estados con población mexicana: Alan Lowenthal, de California; Raúl M. Grijalva, de Arizona; Albio Sires, de Nueva Jersey; y Joaquín Castro, de Texas, para liderar a 15 miembros más del Congreso.
Los congresistas destacan que el presidente Biden ya suspendió la política conocida como Quédate en México de la administración anterior, del exmandatario Donald Trump (2017-2021), con la cual decenas de miles de personas migrantes fueron devueltas por autoridades estadounidense al país vecino, y aún tienen expedientes activos en cortes de inmigración de EU.
También recuerdan que el departamento estadounidense de Seguridad Nacional anunció a mediados de febrero que comenzaría a procesar de nuevo los casos abiertos bajo esta política, por la que "decenas de miles de personas siguen esperando en México para continuar sus procedimientos de inmigración en Estados Unidos o solicitar asilo".
Sin embargo, muchas otras personas migrantes "han sido expulsadas a México", esgrimiendo el Título 42 de la autoridad de Salud "sin acceso al sistema de asilo de Estados Unidos", denuncia la carta.
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Aunque desde 2019 llegaron a la frontera con EU más de 70,000 personas en caravanas, solo 25,000 mantienen activos sus expedientes, y las autoridades mexicanas apenas han localizado a 6,000 de ellas en refugios establecidos en ciudades de la franja fronteriza norte.
Los miembros del Capitolio instan a Biden a establecer coordinación con el Gobierno de México, las organizaciones internacionales y consultar con organizaciones de la sociedad civil para atender a esa población.
El objetivo de esa iniciativa es "garantizar que durante cualquier espera continua en México, los solicitantes de asilo tengan acceso a agua, alimentos, atención médica, refugio y protección contra la delincuencia".
La carta también destaca la continua amenaza a civiles, defensores de derechos humanos, periodistas y otros activistas en el marco de la violencia criminal en el país latinoamericano, en dos años que coinciden con los dos primeros del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La carta indica que, en los últimos dos años, ha ocurrido "una violencia récord en México, con aproximadamente 35,000 homicidios anuales; aproximadamente 30 defensores de derechos humanos y periodistas fueron asesinados en 2020; y más de 80,000 personas han desaparecido desde 2006".
En este contexto de violencia, instaron a Biden a trabajar con el gobierno de López Obrador para abordar "los niveles casi totales de impunidad que permiten a los grupos criminales y agentes estatales perpetrar delitos graves y abusos contra los derechos humanos".
También alientan a Blinken a participar en una "revisión y reevaluación seria de las políticas de seguridad específicas que no han logrado reducir la violencia o brindar justicia a las víctimas".
Entre esas políticas cuestionadas están "la continua dependencia de México de las tropas militares para la vigilancia interna" en seguridad pública.
También cuestionan la estrategia centrada en los capos del crimen, "que no ha logrado debilitar a los cárteles".
En lugar de preservar el status quo de la relación de seguridad entre ambos países vecinos, Biden debería trabajar para "empoderar y proteger a los líderes de la sociedad civil y las fiscalías en México", que buscan fortalecer los derechos humanos, las instituciones nacionales y el estado de derecho.
El Gobierno de México anunció el 4 de marzo una estrategia de seguridad pública para proteger a militantes y candidatos de partidos políticos que pueden ser blanco de la violencia política e intimidación del crimen organizado, que entre septiembre y febrero pasados dejó 64 personas muertas.
