.gif)
La oferta de ocio alojada en la red de redes es prácticamente infinita. Son muchas las opciones que se ponen a disposición de millones de personas diariamente, y que algunas de ellas por su naturaleza están prohibidas para las personas que aun no han alcanzado la mayoría de edad.
Uno de estos sectores que limita al máximo el acceso a menores de edad es el de los casinos online. Son muchas las medidas llevadas a cabo por los oferentes en este sentido, tal y como señala Tragaperras Web en un artículo.
Desde el cambio de modelo de negocio hacia algo más interactivo por necesidades en el mercado, los requerimientos técnicos en estas empresas en términos de seguridad también se han modificado.
En España, el organismo público que supervisa esta actividad es la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). A través de este ente dependiente del Gobierno Central, se han promovido numerosas actuaciones que buscan mejorar el control de accesos a estas plataformas por parte de menores de edad, haciendo que su participación sea meramente residual.
En palabras de Cecilia Pastor, subdirectora General de Inspección del Juego, “se han perfeccionado notablemente los protocolos que detallan los procesos por los que se da de alta a un nuevo usuario. Así, los jugadores no identificados documentalmente sólo pueden depositar un máximo de 150 euros y no podrán retirar los premios hasta se haya certificado su mayoría de edad”, apostilla.
Desde 2012, se comenzaron a implementar medidas en el sector que con el paso de los años se han demostrado como muy válidas dentro del mercado online. La verificación de los jugadores online fue un gran paso adelante para garantizar las buenas prácticas en este sector, ya que automáticamente el sistema dejaba fuera a aquellos usuarios que no cumplirían con unas estrictas exigencias de envío de documentación personal e intransferible.
Con esas reglas exigidas por parte de la legislación vigente, este organismo de control comprueba que se lleva a cabo de manera generalizada y cumpliendo con todos los requerimientos marcados. Ante cualquier caso sospechoso de acceso de menores, se pone en marcha un proceso de inspección que debe concluir con la expulsión inmediata del menor de edad si es el caso, y con una mayor tutela por parte de los agentes involucrados. Con ello, se conseguirá que esta práctica subsidiaria se convierta en algo nulo.
