La reforma de subcontratación en México entró en vigor este miércoles primero de septiembre, según anunció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) Luisa Alcalde. La funcionaria exhortó a las empresas para concluir el proceso de regularización y registro en el padrón público, tanto en trabajadores como aquellas personas que ofrecen servicios especializados. En su cuenta oficial de Twitter, Alcalde indicó que las empresas deberán inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), sin prórroga adicional al establecido por el gobierno.
Desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación en abril, la reforma sobre la subcontratación laboral ha provocado diversas respuestas entre los sectores e industrias. Ello debido a la prohibición del esquema de outsourcing, así como las multas de hasta 4’480,000 pesos para las empresas que no registren a sus empleados en el REPSE. El Gobierno de México indicó que si bien la reforma abarca leyes relacionadas con el trabajo en el país, las principales modificaciones se encuentran en las disposiciones fiscales y de seguridad social. De acuerdo con Ley Federal del Trabajo, las modificaciones centrales en la ley laboral se dividen en registro obligatorio, multas históricas, pena de cárcel, beneficios fiscales limitados, y cuentas claras.
Según la STPS, el artículo 15 de la Ley Federal de trabajo establece que las personas físicas o morales, en ejecución de obras o servicios especializados, deberán contar con su registro en el REPSE. Asimismo indicó que el registro es público y supone la formalización de cualquier modo de outsourcing a través de un contrato donde se señalen las actividades a ejecutar. En caso de persistir con la subcontratación clandestina, considerada outsourcing ilegal, las sanciones serán severas y equivalentes a defraudación fiscal, agregó.
Con respecto a las respuestas por parte de empresarios y grupos empresariales, destacó el comunicado de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). En este documento se advirtió que el mes de prórroga entre agosto y septiembre de 2021 es insuficiente para abarcar los requisitos de la formalización. La COPARMEX agregó que hasta 387,000 empresas con problemas de operatividad tendrán mayores dificultades para acatar el REPSE, motivo por el cual una prórroga hasta enero de 2022 tendría mejores resultados.
