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El Partido Comunista de España (PCE) y la coalición en la que se integra, Izquierda Unida (IU), anunciaron en un comunicado que recurrirán ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), lo que calificaron de "inacción de las instituciones judiciales" españolas ante las investigaciones por presuntos delitos fiscales al anterior jefe del Estado, el rey emérito, Juan Carlos I.
En un comunicado distribuido por IU, expresaron que toman la decisión después de agotar la vía del recurso ante el Supremo, en primer lugar y posteriormente ante el Constitucional, sobre un asunto que consideran de "gran importancia no solo a nivel político y social, sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad", dijeron.
Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de ambas formaciones baraja ante el TEDH están determinados autos del Supremo, que las formaciones de izquierda consideran que lesionaron "el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva, en su vertiente a formular con todas las garantías la acción popular", dijeron.
Y añaden que la interpretación que los tribunales españoles y la Fiscalía han hecho del concepto constitucional de inviolabilidad "no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna", manifestaron en su comunicado.
En torno a los problemas judiciales del rey emérito español, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró por primera vez el jueves de la semana pasada en una entrevista televisiva en el canal La Sexta su voluntad de que el monarca diera explicaciones a la sociedad española.
"A mi juicio sería conveniente que el rey Juan Carlos dijese cuál es su opinión sobre todos estos hechos que yo ya califiqué como informaciones perturbadoras", manifestó Sánchez.
Además, también en las últimas semanas se filtró la intención de la Fiscalía del Supremo de archivar las diligencias asumidas contra Juan Carlos I.
Los argumentos serían que algunos de los presuntos delitos están prescritos, en otros hay falta de pruebas o son anteriores a su abdicación cuando era inviolable, según publicó el diario digital español El Confidencial.
Este movimiento se interpreta como la antesala a su regreso a España desde Abu Dhabi, donde se refugia desde principios de agosto de 2020, protegido por la familia real saudí en un movimiento que se interpretó como una descarga de presión a la tarea de su hijo Felipe VI, el actual jefe del Estado español.
Desde Abu Dhabi, Juan Carlos ha manifestado en numerosas ocasiones a través de emisarios su deseo de regresar a España.
Pese a la aclaración de su horizonte judicial, aún quedarían por dilucidar las investigaciones de la Agencia Tributaria española sobre sus regulaciones fiscales y si habrían sido realmente voluntarias o habría estado avisado de las investigaciones de las que iba a ser objeto, caso este último en que sería imputable un delito fiscal.
Además, también estaría por despejar el frente judicial suizo del monarca, ya que desde agosto de 2018, el fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, mantiene abierta una investigación sobre su fortuna oculta en ese país, que no tiene visos de llegar a su fin y de la que recientemente se conoció un depósito de 75 millones de euros.
