La organización civil Comité Cerezo México denunció hoy que durante el año pasado 25 defensores de derechos humanos fueron privados de la vida de manera extrajudicial, todos por motivos políticos.
Por medio de un informe, citado por Reuters, la organización civil denunció: “El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el año 2021 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador es de 25 personas defensoras de derechos humanos”.
En la denuncia, el Comité Cerezo México asegura que todos los asesinatos fueron motivados por intereses políticos, como una forma de castigo ante la actividad del ejercicio de defensa de algún derecho humano que los ahora fallecidos llevaban a cabo. Además el informe señala como asesinos a agentes del Estado bajo la modalidad de “comisión o aquiescencia”.
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ejecución extrajudicial se lleva a cabo cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia, cometen una privación ilegítima de la vida. En este sentido, “se define como un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”, refiere el informe.
Respecto a los asesinatos, la organización contabilizó dos casos en Morelos y Guerrero cada uno; en tanto que en Veracruz, Campeche, Jalisco, Hidalgo y Colima registraron una ejecución por estado.
Asimismo, las causas por las que la organización afirma que fueron asesinados los defensores son principalmente el derecho al territorio (12 de ellos), cinco defendían derechos humanos relacionados con la vida digna y cuatro apoyaban derechos relacionados al medio ambiente.
También contabilizaron dos víctimas asesinadas por apoyar el derecho a defender los derechos humanos, así como un caso por guardar el derecho a la libertad de expresión y de los derechos laborales.
Los asesinatos corresponden en su mayoría al género masculino, con 88% del total de las víctimas (22), y 12% de mujeres, (3 víctimas). Además, en nueve casos (32%) los ejecutados eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena y 68 % era mestizo (19 casos).
Aunado a ello, los denunciantes afirman que no hay una política homogénea a nivel federal, estatal o municipal sobre la represión política, y acusan que estas estrategias son control social mediante el terror, represión política y contrainsurgente.
Por último, la organización explica: “Hay municipios y estados que continúan con el sistemático uso de las estrategias de represión contra las organizaciones sociales y pueblo en general que lucha por mejores condiciones de vida, por una vida digna y por el ejercicio de los derechos humanos”.
