La Fiscalía del Tribunal Supremo de España archivó las investigaciones que mantenía abiertas sobre las posibles actividades delictivas del rey emérito Juan Carlos I, según comunicó la Fiscalía General del Estado.
La decisión de la Fiscalía pone fin a casi dos años de investigación por el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de obras ferroviarias en Arabia Saudí, el supuesto uso de tarjetas opacas al fisco a cargo de un empresario mexicano y la posible ocultación de patrimonio en la isla de Jersey.
Según las explicaciones dadas por la fiscalía en un comunicado, pese a constatar numerosas irregularidades, el Ministerio Público no ve posible conceder contra el rey emérito porque algunos de los hechos investigados se dieron antes de su abdicación en el año 2014, en un periodo en el que estaba protegido por la inviolabilidad que la Constitución otorga al rey en activo.
En cuanto a posibles irregularidades posteriores a 2014, la Fiscalía considera en primer lugar que no hay pruebas suficientes para acreditar su existencia. Además, éstas quedarían libres de reproche tras la decisión de Juan Carlos I de realizar en 2020 y 2021 dos regularizaciones fiscales por las que abonó a la Agencia Tributaria más de cinco millones de euros.
Las investigaciones contra Juan Carlos I se iniciaron por la sospecha de que recibió 100 millones de dólares (64,8 millones de euros) en una comisión ilegal por mediar ante Arabia Saudí para que empresas españolas recibieran el encargo de construir tren de alta velocidad entre Medina y La Meca en 2008.
Sin embargo, la Fiscalía señala que "la investigación no ha podido establecer, siquiera de modo indiciario, vinculación alguna entre el referido ingreso de 64.884.405 euros y la adjudicación del proyecto de construcción de la línea de ferrocarril".
En esa línea, el Ministerio Público concluye que el dinero recibido se trataría de un "regalo" recibido en el año 2008 por la "consideración" a su condición de Jefe de Estado, algo que además de suceder cuando el rey era inviolable tampoco es susceptible una imputación por cohecho porque "este posible delito estaría claramente prescrito".
