Niñas, niños y adolescentes del “Escuadrón de la Contraloría” entran en acción

Promover una cultura de la legalidad, el derecho a la participación y la protección de los derechos humanos son las principales tareas del “Escuadrón de la Contraloría”, que está conformado por 37 niñas, niños y adolescentes que vigilarán las acciones del Gobierno Municipal que encabeza Eduardo Rivera Pérez, Presidente Municipal de Puebla, gracias a la acreditación otorgada por la Contraloría Municipal y el Sistema Municipal DIF (SMDIF).

 

El “Escuadrón de la Contraloría” es un espacio donde las niñas, niños y adolescentes, acompañados de sus padres y madres de familia acorde a sus edades formarán mesas de trabajo cada dos meses para que, mediante juegos, actividades lúdicas, y reuniones con representantes de las dependencias y entidades coadyuven con la Contraloría Municipal en la vigilancia del ejercicio público, la transparencia y la rendición de cuentas.

 

Durante este evento, Liliana Ortiz Pérez, Presidenta Honoraria del Patronato del SMDIF invitó a las y los más pequeños de Puebla a soñar con una mejor sociedad y a ser responsable de las decisiones con la familia, en la escuela y con los vecinos, así como sumar a más niñas y niños a esta importante estrategia de la Contraloría “los ciudadanos más jóvenes, el motor de una sociedad son ustedes”, afirmó.

 

Por su parte, Karen Morales Aquino integrante del “Escuadrón de la Contraloría” agradeció la oportunidad y explicó que vigilar las acciones de los funcionarios del Ayuntamiento garantiza su derecho a la participación e hizo un llamado a niñas, niños y adolescentes a poner de moda la cultura de la legalidad y la práctica de valores éticos para ser unos ciudadanos de bien en un futuro y a ser un gran ejemplo para los adultos.

 

En su intervención, Alejandra Escandón Torres, Contralora Municipal destacó que este mecanismo busca crear conciencia cívica y responsabilidad social desde la niñez y la adolescencia, en un ejercicio de participación social y así impulsar el combate a la corrupción de manera preventiva, facilitar el acceso a la información y establecer canales de comunicación efectivos entre gobierno y sociedad.

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