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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) planteó el jueves que la renuncia del fiscal especial del caso Ayotzinapa, retrasará las pesquisas entre tres y cinco años, justo cuando se cumplen ocho años de la desaparición y presunta masacre de 43 estudiantes.
"La salida de un fiscal que conoce un caso atrasa entre tres y cinco años la investigación", dijo en conferencia de prensa conjunta Ángela María Buitrago, una de las cuatro integrantes del GIEI que coadyuva con la investigación por acuerdo del Gobierno de México con la CIDH.
La experta también cuestionó el proceso contra quien fue procurador general en el Gobierno anterior, Jesús M., quien fue detenido el 19 de agosto pasado, acusado de manipular y alterar evidencias, para construir la llamada "Verdad Histórica", que ha sido desacreditada por el reciente informe de una nueva comisión investigadora.
"La pérdida de este conocimiento de los fiscales hace que se dejen por fuera elementos probatorios muy fuertes, como en la imputación de Murillo Karam", dijo Buitrago a periodistas.
El funcionario del Gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) ya logró un amparo judicial pero aún no ha sido liberado porque el dictamen puede ser impugnado por la Fiscalía General.
La renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa fue confirmada el martes, cuando denunció "indebidas injerencias en la investigación", después de que la Fiscalía General canceló 21 órdenes de aprehensión recién solicitadas, 16 de ellas contra militares.
