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La sociedad mexicana se muestra dividida sobre el papel de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad pública contra la delincuencia, y que la prolongación de su despliegue en las calles hasta el año 2028 se decida en una consulta, según el estudio publicado este miércoles por el periódico El Financiero.
"De acuerdo con la encuesta, 46 por ciento está a favor de que el Ejército y las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad pública, frente a 48 por ciento que está en contra", dice el resumen de la encuesta.
El diario especializado agrega que las proporciones son muy similares a las posturas de los encuestados ante la consulta ciudadana sobre el mismo tema, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana pasada.
El estudio demoscópico se basa en 600 personas adultas entrevistadas vía telefónica el 1 y 2 de octubre.
La pregunta a los encuestados acerca de si están a favor o en contra de extender las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública al año 2028, "43 por ciento dijo estar a favor y 50 por ciento en contra", prosigue el resumen de la investigación.
La propuesta tiene un poco más de apoyo a nivel nacional que en la Ciudad de México, pero "la opinión luce dividida en ambos ámbitos de la opinión pública", explican los encuestadores.
La encuesta también preguntó a las personas consultadas con respecto a la manera en que el Gobierno ha tratado el caso de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014.
El 38 por ciento respondió que "el Gobierno ha hecho un buen o muy buen trabajo al respecto".
En cambio, "45 por ciento opina que el gobierno ha hecho un mal o muy mal trabajo".
Sobre el flujo y manejo de la información de las investigaciones sobre esa tragedia en la que los nuevos hallazgos confirman una masacre, "el 34 por ciento dijo que el gobierno sí ha sido transparente, frente a 57 por ciento, una mayoría, que opina que el gobierno actual ha ocultado información".
La noche del martes, el Pleno del Senado de México aprobó la noche del martes una reforma constitucional para ampliar de 2024 hasta 2028 el plazo para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles en el combate a la delincuencia, al lograr mayoría calificada requerida de al menos dos terceras partes de votos.
