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Por primera vez en la presente legislatura fue aprobada una iniciativa por unanimidad de votos. Se trata de la reforma constitucional al Poder Judicial de Puebla, la cual logró 41 votos a favor para su modificación, respetando casi en su totalidad la propuesta enviada por el titular del ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.
Esta reforma ha sido calificada como histórica y novedosa, pero sobre todo, necesaria para combatir los vicios y vacíos legales que actualmente existen en el Poder Judicial del Estado de Puebla y que derivan en actos de corrupción, muchas veces imposibles de perseguir y sancionar.
La reforma presentada por el gobernador contiene cambios estructurales en todo el entramado del Poder Judicial; sin embargo, entre los cambios más destacados en esta reforma constitucional están la modificación de las facultades del Consejo de la Judicatura y la creación de una Sala Constitucional para atender casos que anteriormente hayan sido turnados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El fortalecimiento a este tipo de instancias será también a través de la creación de un mecanismo de control de constitucionalidad local, que permitirá resolver las famosas controversias constitucionales, cuando un ayuntamiento promueva una reglamentación que no se adapte a la Constitución local.
La reforma también incluye controversias en materia local mediante las que el órgano podrá resolver un caso de constitucionalidad, por ejemplo, una ley o un reglamento, si se logra contar el 0.05% de las firmas ciudadanas del padrón electoral vigente, que actualmente equivale a poco más de 2,000 firmas.
La iniciativa del gobernador contemplaba que una denuncia ciudadana podría ser suficiente para iniciar un proceso de remoción de algún magistrado; no obstante, durante la revisión en comisiones se hizo una modificación para que sea el Congreso quien pueda aplicar una sanción bajo la ley de responsabilidades administrativas antes de plantear un proceso de remoción.
Respecto a la designación de magistrados se señaló que el gobernador en turno enviará una terna cuando haya alguna vacante en el Poder Judicial; sin embargo, los perfiles deberán de ser aprobados por las dos terceras partes de los diputados y en caso de que no se alcance dicho acuerdo, entonces el gobernador únicamente tendrá otros 30 días para presentar una nueva propuesta.
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La segunda terna que envíe el gobernador también deberá de ser aprobada dentro de un plazo de 30 días y en caso de que nuevamente el Congreso no logre las dos terceras partes de respaldo, entonces el gobernador en turno tendrá la capacidad de poder designar la magistratura vacante, sin mediación del Congreso.
La importancia de esta reforma al Poder Judicial está en que habrá vigilancia por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo para la toma de decisiones, tanto en nombramientos como en sanciones, lo cual eliminará las posibilidades de operar el TSJ en completa secrecía cómo se hacía en la actualidad.
Apenas unos minutos después de qué se logró la aprobación de esta reforma constitucional, el gobernador Miguel Barbosa Huerta felicitó a los 41 diputados que votaron a favor para lograr la unanimidad y darle más fortaleza a esta reforma.
En días previos el presidente de TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, manifestó su completo apoyo a este tipo de reformas y descartó que en algún momento esté pensando en dejar su cargo ante los nuevos mecanismos de vigilancia, además se comprometió a sancionar cualquier caso de corrupción que sea denunciado y que sea confirmada la responsabilidad de algún juez o magistrado.
