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México mantuvo por tercer año consecutivo la misma calificación de 31 puntos en una escala de 100 en el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) y se colocó en la posición 126 de los 180 países evaluados por ese indicador, informó este martes la organización Transparencia Internacional (TI).
"Por tercer año consecutivo, México obtuvo 31 puntos (de 100 posibles) en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional", dijo en un comunicado el capítulo mexicano de la organización con sede en Berlín que realiza el estudio anual.
En 2019 y 2020, México había detenido la caída de años anteriores y comenzó un repunte, pero desde entonces la percepción de corrupción que mide el estudio demoscópico se estancó.
"México había mejorado su calificación en 2019 y 2020, pero a partir de ese año, su calificación en este índice se mantuvo constante", explica el informe con los resultados de las encuestas realizadas en 2022.
En 2019 el país latinoamericano escaló ocho posiciones en el ranking anual de percepción de la corrupción de la organización, al subir del lugar 138 al 130, producto de una estrategia centrada en el combate a ese flagelo.
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México sigue siendo el país peor evaluado entre las 38 naciones industrializadas que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y obtuvo la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán.
Después de los avances en 2019 y 2020, "la ausencia de sentencias firmes para los involucrados en los grandes casos de corrupción, como Odebrecht (sobornos) o la Estafa Maestra (peculado)", que involucran a la estatal Petróleos Mexicanos y proyectos que financiaban universidades públicas "han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio", prosigue el informe.
Las grandes tramas de corrupción en el país no han sido sancionadas, ni se han devuelto a las arcas de la nación los recursos desviados dice el reporte anual de TI.
Los expertos señalan evidencias de que las autoridades responsables de impartir justicia en esos casos "podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral".
