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La guerra contra las pandillas que libra en El Salvador el presidente Nayib Bukele mediante el estado de régimen de excepción está cerca de cumplir un año y los diputados de la Asamblea Legislativa avalaron, por undécima vez, extender por otros 30 días esta implementación que ha sido criticada por diversas organizaciones.
El régimen de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
Con esta modificación a la ley, los miembros de las maras pueden ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión, mientras los líderes de estos grupos podrán recibir entre 40 y 45 años de cárcel. También se considera como adultos a los pandilleros mayores de 12 años para ser juzgados como tal.
El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022, luego de que fueran asesinados 62 salvadoreños el 26 de marzo y su extensión se ha dado tras una supuesta disminución en la violencia que se vive en el país centroamericano. De acuerdo con datos oficiales, los homicidios bajaron de 1.211 en 2021 a 615 en 2022.
Las autoridades han reportado una marca récord de 300 días sin casos de homicidios producto de los conflictos entre pandillas. El gobierno anterior al de Bukele solo logró un solo día sin homicidios.
Desde el inicio del régimen de excepción hasta el pasado viernes, las autoridades salvadoreñas informaron haber capturado a 64,512 personas señaladas de ser pandilleros, de las cuales 3,745 terminaron siendo liberadas y otras 3,344 han denunciado violaciones a derechos humanos, la mayoría por supuestas detenciones arbitrarias, ante la asociación Cristosal.
Así como miembros del Gabinete de Seguridad informaron que hasta el 14 de febrero habían sido incautadas 2,326 armas de fuego, 2,945 vehículos que eran utilizados para transportar material ilícito, 15,312 teléfonos celulares y 1.7 millones de dólares en efectivo proveniente de las extorsiones o venta de drogas.
A pesar de los resultados presentados por Bukele, son diversas las organizaciones defensoras de los derechos humanos que se han pronunciado en reiteradas ocasiones por violaciones y abusos a derechos, asegurando tener documentada la muerte de al menos 90 personas bajo custodia.
La última mega obra anunciada por el gobierno salvadoreño es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), situado en el municipio de Tecoluca, departamento de San Vicente. Este centro, con 23 hectáreas de extensión, es la cárcel más grande de América y ya fueron trasladados 2,000 reos acusados de ser pandilleros.
La prisión ha recibido críticas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), Human Right Watch (HRW) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) por supuestas violaciones a los derechos humanos y contradicción de estándares internacionales.
Dos días antes del traslado, surgieron acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 13 supuestos líderes de la mara MS-13, quienes estaban siendo acusados por múltiples crímenes en Nueva York.
La corte señaló a las pandillas de mantener reuniones organizadas por el gobierno salvadoreño y funcionarios como el director de centros penales y el director de Tejido Social, con miembros del gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), así como con su rival, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), para reducir el número de homicidios a cambio de beneficios y apoyo electoral en las elecciones legislativas de 2021.
