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Cientos de usuarios de la aerolínea colombiana Viva Air se encuentran hoy martes detenidos en aeropuertos de ciudades como Bogotá y Medellín, tras el repentino cierre de operaciones de la línea aérea de bajo costo, situación que ha despertado la indignación de viajeros nacionales y extranjeros.
Los aeropuertos internacionales que concentran mayor número de usuarios detenidos son "El Dorado" de Bogotá y "José María Córdova" que sirve a Medellín, aunque también ha habido caos en la terminal aérea "Ernesto Cortissoz" de Barranquilla.
En el aeropuerto que sirve a Barranquilla, en la región norte de Colombia, tuvo que intervenir la Policía ante las agresiones registradas entre pasajeros desesperados que llevan horas en espera de una solución.
Viva Air difundió un comunicado en el que explica que la suspensión de operaciones se dio tras siete meses de espera por una respuesta relacionada a su crisis financiera por parte de Aeronáutica Civil respecto a su alianza con Avianca, una aerolínea más fuerte y con capacidad de capital.
"En un período de siete meses, el Gobierno recibió más de cinco actualizaciones financieras para demostrar que Viva calificaba para tratar su pedido bajo la figura de 'excepción de empresa en crisis' que daba cuenta de la urgencia apremiante de una definición", explicó la aerolínea.
Por su parte, Aeronáutica Civil de Colombia emitió un comunicado en que asegura que otras aerolíneas como Latam, Avianca y Satena ofrecen alternativas de transporte para los vuelos programados con Viva Air para los días 27 y 28 de febrero, así como del 1 de marzo.
"El Grupo de Intermediación en Aeropuertos de la Aeronáutica Civil acompañará a los pasajeros afectados en la gestión, priorización y orientación ante las aerolíneas", indicó.
"La Superintendencia de Transporte, con el equipo disponible en los aeropuertos, apoyará las gestiones pertinentes, atendiendo a los usuarios y brindando la asesoría necesaria", agregó el comunicado.
El ministro de Transporte de Colombia, Guillermo Reyes, explicó que la cartera no puede intervenir en el proceso que desde hace siete meses se lleva a cabo entre Viva Air y Aeronáutica Civil.
Consideró, no obstante, como un acto de "mala fe" por parte de la aerolínea seguir con la venta de boletos a tantos usuarios, a sabiendas de que no podría llevar a cabo su transportación a los diversos destinos.
Reyes reconoció la gravedad de la situación, tanto para los usuarios como para los 5.000 trabajadores de Viva Air.
Sostuvo que la Superintendencia de Transporte tiene la obligación de investigar el caso de Viva Air para determinar posibles sanciones por daños a cientos de pasajeros y trabajadores, al suspender de manera repentina las operaciones.
