El acceso a la justicia para las mujeres enfrenta múltiples retos que tienen que ver con las políticas públicas y el sistema de justicia penal, pero también hay otros aspectos que dificultan el acceso a la justicia como puede ser la discriminación, revictimización y falta de empatía por parte del personal encargado de atender a las víctimas.
Este día, la senadora Olga Sánchez Cordero participó en un foro nacional sobre el acceso a la justicia de las mujeres, donde aprovechó para reconocer que las instituciones aún tienen pendientes con las mujeres el garantizar el acceso a la justicia.
Sin embargo, destacó que el progreso para que cada vez haya más mujeres en las instituciones encargadas de procurar justicia, no significa que estas servidoras públicas sean empáticas con las causas de otras mujeres.
Esto se puede confirmar en múltiples casos que se han documentado con víctimas que prefieren no denunciar por la falta de empatía y accesibilidad por parte de las autoridades que se encargan de recibir las denuncias, que en este caso es la Fiscalía General del Estado.
Uno de los primeros retos que enfrentan las víctimas de algún delito es la revictimización, pues generalmente los servidores públicos caen en un problema de tecnicismos y suelen minimizar la agresión en contra de una mujer.
Esto ha provocado que muchas mujeres decidan no denunciar agresiones en su contra que van desde violación, abuso sexual, acoso o violencia familiar; esta última es una de las agresiones más comunes a las que se enfrentan las mujeres en Puebla.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, el 43.2 % de la población no confía en el trabajo de la Fiscalía General del Estado, considerando no solamente a las mujeres, sino a la población en general.
Este aspecto se da principalmente cuando encontramos que los mismos servidores públicos revictimizan e incluso perpetran nuevos delitos en contra de las mujeres.
En agosto de 2022, se hizo público el caso de Miriam, una mujer de 33 años que fue víctima de violencia vicaria y acudió a presentar una denuncia en contra de su expareja.
El asesor jurídico de la Fiscalía General del Estado, identificado como Mario, abusó sexualmente de ella durante una de las reuniones para tratar su tema, situación por la cual intentó denunciarlo sin que nadie quisiera escuchar lo que le había pasado.
Esta desconfianza en las autoridades también se refuerza cuando las mujeres que acaban de sufrir algún delito o que necesitan protección inmediata deben de esperar varias horas a ser atendidas por el déficit que hay de agentes del ministerio público.
El año pasado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos emitió el sexto informe respecto a las recomendaciones al Estado Mexicano para garantizar la procuración y acceso a la justicia de las mujeres víctimas de algún delito.
En el informe, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos reconoció que, si bien ha existido un avance en el cumplimiento de las mismas, el Estado Mexicano aún guarda una brecha importante en el reconocimiento de los derechos humanos y el acceso a la justicia pronta y efectiva.
