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La Fiscalía General de la República de México (FGR) solicitó una pena de 82 años de cárcel en contra del exfiscal Jesús Murillo Karam, en el marco de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia inicial que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México, la FGR presentó tres cargos contra el autor de la llamada Verdad Histórica, una versión judicial oficial difundida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la cual señala que los estudiantes fueron incinerados en un basurero de la comunidad de Cocula por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
Sin embargo, con los años, esa versión de los hechos se ha caído por falta de pruebas.
Según el Ministerio Público, Murillo Karam es responsable del delito de desaparición forzada, por el cual piden una condena de 60 años de cárcel. Asimismo, se le acusa de tortura y delitos contra la administración de justicia, ilícitos por los cuales se pide una pena de 12 y 10 años de prisión, respectivamente.
La acusación se basa en las disposiciones de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y tiene entre sus pruebas un interrogatorio que Murillo Karam realizó a Felipe Rodríguez el Cepillo, uno de los detenidos por el caso Ayotzinapa, y acusado de ser el líder del cártel Guerreros Unidos.
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En total, de acuerdo con el semanario Proceso, la FGR tiene 177 datos de pruebas constituidos por 69 testimonios, 43 peritajes y 65 documentos. Todo ello contra el exfiscal mexicano.
Durante la audiencia, la defensa del exfuncionario solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que no respondió de inmediato a la acusación.
A Murillo se le acusa de haber manipulado la investigación del caso Ayotzinapa para formular su llamada Verdad Histórica, la cual ha sido puesta en duda por los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a diversas irregularidades cometidas durante las pesquisas.
Entre los principales señalamientos se encuentra que los funcionarios a cargo de la indagatoria, entre ellos el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, prófugo de la Justicia y refugiado en Israel, torturaron a detenidos, alteraron pruebas e incluso visitaron lugares clave de la investigación sin que ello quedara registrado en el expediente.
