Linchamientos, ¿acto de justicia o abandono del Estado?

Linchamientos, ¿acto de justicia o abandono del Estado?

Foto: Enfoque

La Semana Santa quedó opacada en Taxco, Guerrero, luego del secuestro y asesinato de la niña Camila, de apenas ocho años, a quien le arrebataron la vida sus propios vecinos. Ante la inoperancia e ineficiencia de las autoridades locales, los pobladores pasaron a la acción directa e impartieron justicia “por propia mano”, linchando a dos presuntos responsables del asesinato de Camila.

 

Fue el 28 de marzo cuando las autoridades de Taxco se vieron superadas por la furia de los pobladores, quienes al saber de la muerte de la menor y enardecidos, se abalanzaron sobre los presuntos responsables. Una turba de decenas de personas que no pudo ser controlada por seis policías locales terminó en la muerte de Ana Rosa y el linchamiento de otros dos varones, incluido su hijo.

 

 

Estos actos dividieron las opiniones de la gente, pues hay quienes consideran que los linchamientos y actos similares son una forma de obtener justicia frente a la nula respuesta de las autoridades, mientras que otro sector considera que esto no sustituye a las formas de justicia convencionales. ¿Cuáles son las causas y consecuencias detrás de un linchamiento?

 

Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los linchamientos son actos ilícitos que representan la expresión más grave en materia de inseguridad, ya que muestran la desconfianza y la lejanía que hay entre las autoridades y la sociedad. Esto tiene su origen en que las personas ven reiteradamente cómo no se cumple la ley y las instancias de gobierno son incapaces de hacer su trabajo.

 

Lo anterior genera que las personas vivan en situaciones de hartazgo e impotencia al ver cómo la mayoría de los crímenes quedan impunes en una realidad que los lastima y vulnera. Como resultado, esos sentimientos se ven canalizados en contra de quienes cometen los delitos, incluso si no les consta que esas personas sean las responsables o si los ilícitos no les afectan a ellos o a la comunidad.

 

La ira colectiva de quienes recurren a los linchamientos es el resultado de quienes se sienten abandonados por el estado en la impartición de justicia. No sólo es una señal de que hay falta de seguridad y garantías de cumplimiento de la ley, sino que es síntoma de una falla institucional y una crisis de credibilidad de autoridad.

 

 

Para que una comunidad vea en el linchamiento la mejor vía de impartición de justicia es porque previamente se dieron múltiples eventos en los que se requería el actuar de las autoridades sin que estas respondieran. Llamadas a emergencias que nunca son respondidas, las llamadas “puertas giratorias” en las cárceles, la colusión de las autoridades y policías o las penas tan laxas son parte de lo que causa el descontento de las personas.

 

Un debate que surgió tras el caso de los presuntos responsables de la muerte de la niña en Texco es si el linchamiento es una forma legítima de impartir justicia ante la falta de estado de derecho. Ejemplo de esto es que Magui Díaz, madre de Camila, expuso que para ella lo mejor hubiera sido que la responsable de secuestrar a su hija estuviera viva para que “se pudriera en la cárcel”.

 

Aunque para muchas personas esto sí constituye un acto de justicia, es una forma de violencia que no se debe legitimar como un acto de protección personal o colectiva. Al hacerlo también se debilita el estado de derecho y los derechos humanos, lo que a su vez limita el verdadero acceso a la justicia y la forma en que investigan las instancias correspondientes.

 

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El linchamiento también es una conducta que va en contra del mandamiento de la Constitución Mexicana, ya que en el artículo 17 sostiene que ninguna persona puede hacer justicia por sí misma, mientras que en el artículo 22 se detalla que no se pueden imponer penas de muerte, azotes, mutilaciones o marcas a quienes haya cometido algún ilícito.

 

Otra cuestión que para muchas personas no es del todo conocido es el hecho de que el linchamiento es en sí un delito que se castiga fuertemente. De acuerdo al Código Penal Federal no existe propiamente una pena por el acto del linchamiento, y de hecho esta figura ni siquiera existe como un delito en sí.

 

Sin embargo, en el artículo 289 se señala que a quien infiera lesiones que pongan en riesgo la vida de otra persona y que tarden menos de 15 días en sanar, se le dictará una sanción de tres a ocho meses de prisión, o 30 a 50 días de multas, o bien, ambas en caso de que un juez así lo decida.

 

De igual forma, el artículo 292 establece que se impondrán cinco a ocho años de prisión a quien cause lesiones que deriven en enfermedades mortales o incurables, o a quienes infrinjan la pérdida de un ojo, brazo, mano, pie y debilite la capacidad de ver u oír. La pena se extenderá de seis a diez años si las lesiones derivan en una incapacidad permanente.

 

Finalmente, en caso de que una persona provoque la muerte de otra, de acuerdo al artículo 307 se impondrá una sanción de 12 a 24 años de prisión.

 

Otros casos de linchamiento en Puebla

 

Esta es una práctica que también se ha dado en Puebla, aunque en este contexto han ocurrido por diferentes razones. Por ejemplo, el 20 de octubre del 2015 en Ajalpan fueron asesinadas dos personas de nombre José Abraham y Rey David, de 25 y 35 años respectivamente, a quienes acusaron sin fundamento de robar niños en la comunidad, por lo que los pobladores los lincharon.

 

 

Ambos fueron acusados sin fundamento de robar niños, pero en realidad estaban ahí por cuestiones de trabajo. La gente los detuvo y los golpearon, luego fueron llevados por la policía, pero rápidamente los tomó la turba que se juntó gracias a los llamados en redes sociales y las campanas del pueblo. A José y Rey los golpearon más y finalmente los asesinaron prendiéndoles fuego.

 

Quizá el caso más sonado que se ha dado en Puebla es la masacre de San Miguel Canoa, donde pobladores asesinaron a estudiantes de la BUAP que se disponían a subir a la Malinche y fueron acusados falsamente de “llevar el comunismo”. Los hechos se dieron el 14 de septiembre de 1968, cuando un grupo de pobladores se abalanzó sobre los estudiantes, todos motivados por el párroco local.

 

Con piedras, machetes y palos, los pobladores sacaron a los estudiantes que se quedaban en la casa de un poblador. Primero fulminaron a quien les daba asilo con un machetazo en el cuello y luego con un tiro en la cabeza. Posteriormente, se tomó a los demás para matarlos a golpes, a pesar de que en el momento la policía intentó intervenir. El saldo fue de cuatro muertos y sólo tres sobrevivientes.

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