Ecocidio, los crímenes contra la naturaleza que dejan daños irreversibles al medioambiente

Ecocidio, los crímenes contra la naturaleza que dejan daños irreversibles al medioambiente

Foto: Freepik

El pasado 22 de mayo se reportó la misteriosa muerte de miles de peces en la laguna de San Bernardino, ubicada en el municipio de Vicente Guerrero, dentro de la Sierra Negra de Puebla. Aunque al principio las razones de la muerte de los ejemplares eran inciertas, las versiones más recientes apuntan a que pudo tratarse de un ecocidio, es decir, un crimen contra la naturaleza.

 

Los pobladores de la comunidad de San Bernardino se percataron de que, de la noche a la mañana, miles de peces aparecieron flotando en la laguna sin razón aparente. Tan sólo en las primeras horas ya se registraban más de 100 kilos de animales muertos, lo que preocupó a las autoridades ambientales, pues ni siquiera los animales de compañía pueden acercarse al cuerpo de agua.

 

Este fue un suceso atípico que estuvo acompañado de un cambio en la tonalidad del agua en la laguna, por lo que las primeras sospechas refieren que podría tratarse de un ecocidio derivado de la contaminación del agua, es decir, daños causados a la naturaleza de manera intencional, algo que ya se ha visto en otras ocasiones, aunque no en todos los casos sancionados.

 

¿Qué es un ecocidio?

 

Se define como el daño y destrucción masiva en contra de los ecosistemas de la tierra, que se hacen con repercusiones a largo plazo, es decir, su efecto se ve desde el primer momento y se perpetúa por muchos años más. En la mayoría de los casos, los ecocidios suponen daños tan grandes que se tornan irreversibles, por lo que pone en riesgo la vida de todo un ecosistema.

 

Una definición jurídica es la del panel de expertos “Stop Ecocidio”, la cual lo define como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente”. La intención es que se añada al Estatuto de Roma para que lo tome en cuenta la Corte Penal Internacional y que no quede impune.

 

Es importante entender que el ecocidio incluye la omisión de las advertencias a los daños que se pueden causar, frente a los nulos beneficios que se obtendrán por alguna actividad. De igual forma, este no siempre se limita a una zona, pues el daño ecológico no se limita a las fronteras de una nación, además de que no sólo repercute a la vida silvestre, sino que causa daños a la vida humana.

 

El origen del concepto tiene varias vertientes, ya que hay quienes refieren que se trata de una combinación de las palabras genocidio y ecosistema, o bien, que es por homicidio ambiental. En cualquier caso, el ecocidio es un crimen en el que se arrasa con la vida de un ecosistema total o parcialmente.

 

Este se manifiesta de diferentes maneras, ya sea con deforestación masiva, derrames petroleros o de residuos químicos y tóxicos en los mares, ríos y lagos, extracción desmesurada de recursos naturales como madera o minerales mediante minería, la caza, pesca y tráfico desmedido de especies, al igual que las pruebas nucleares y la contaminación del aire, todas diferentes formas de ecocidio.

 

No obstante, desde hace un tiempo también se ve el ecocidio con la construcción de grandes proyectos turísticos, como zonas residenciales y hoteleras, y megaobras con trenes y carreteras, que conllevan una gran devastación de los ecosistemas. Los responsables suelen ser empresas privadas o paraestatales que no cumplen con los lineamientos para minimizar su impacto ambiental, o de plano son omisos a las advertencias que hay en torno a sus proyectos.

 

Ecocidios que se han visto en México

 

En nuestro país este tipo de actos se han visto en reiteradas ocasiones, aunque no siempre se castiga a los responsables del daño a los ecosistemas nacionales. Por ejemplo, el 16 de enero del 2016 el Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) aprobó la destrucción de 57 hectáreas de un manglar en el malecón de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, en donde se pretendía construir un complejo de condominios.

 

Para el 28 de enero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) minimizó el caso y dijo que no había ecocidio ni devastación por el proyecto porque no se encontraba en una Área Natural Protegida (ANP), a pesar de que la organización GreenPeace evidenció el desmonte y activistas exhibieron los cuerpos de cocodrilos, iguanas y garzas muertos en la zona que un día fue un ecosistema.

 

En agosto del 2017, Fonatur fue exonerada por el caso al contar con permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). El 1 de febrero del 2019 el proyecto fue cancelado y las construcciones de la empresa BI & DI REAL ESTATE DE MÉXICO S.A. DE C.V. fueron frustradas, aunque nunca se dictaron sentencias y todavía está pendiente la indemnización de los inversionistas, que está proyectada en 3,000 millones de pesos.

 

Por otra parte, está el ecocidio cometido por la empresa Grupo México del magnate Germán Larrea, ocurrido el 9 de julio del 2019 cuando se registró un derrame de más de 3,000 litros de ácido sulfúrico en el mar de Cortés, en Sonora. La subsidiaria Metalúrgica de Cobre de México dio aviso de la “fuga”, por lo que la Profepa se aproximó para clausurar la terminal marítima de Guaymas.

 

Peces, tortugas, leones marinos y peces, fueron parte de algunos de los ejemplares que llegaron a la costa muertos debido a la toxicidad del agua. Expertos de la UNAM consideraron que este derrame se trató de un ecocidio y de un crimen ambiental. Grupo México perdió 44,300 millones de pesos de su valor, pero hasta la fecha continúa como un crimen del que junto a Larrea, el segundo hombre más rico de México, salieron impunes.

 

Finalmente está el Tren Maya, la obra estrella de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya construcción ha sido criticada desde su planeación, ya que atraviesa por la selva del sur de México, a pesar de que el jefe del Ejecutivo prometió que “no se tiraría ni un árbol”. Para construir el tren que recorre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se tiraron más de 10 millones de árboles y se perforaron cenotes en ANP.

 

Al ser una obra de la actual administración, no se fincaron responsabilidades en contra de nadie. Además, también se registraron despojos o intentos de despojo a los pobladores cuyas propiedades estaban sobre o cerca del recorrido del tren.

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