Las maneras en que un sentenciado evita cumplir la condena completa

La idea de que una persona sentenciada por un delito cumpla la totalidad de su condena es una expectativa fundamental en cualquier sistema de justicia. Sin embargo, en México, existen diversos mecanismos legales que permiten la libertad anticipada de reclusos, incluso antes de agotar el tiempo impuesto por los jueces.

Estos procesos, diseñados para la reinserción social y la eficiencia del sistema penitenciario, generan debate y, en ocasiones, sospechas sobre su correcta aplicación.

La legislación mexicana contempla varias figuras que pueden derivar en la excarcelación de un sentenciado antes del cumplimiento total de su pena. Entre las más relevantes se encuentra, por ejemplo, la libertad condicional.

Este es, quizá, el mecanismo más conocido. Se otorga a sentenciados que han cumplido una parte significativa de su pena (generalmente un porcentaje establecido por la ley, que puede variar según el delito) y que demuestren buena conducta, un plan de reinserción social y la ausencia de riesgo para la comunidad.

El otorgamiento está sujeto a la supervisión de la autoridad y al cumplimiento de ciertas condiciones (por ejemplo, no acercarse a la víctima, no salir de cierta área geográfica, asistir a terapia).

En ciertos casos, la pena de prisión puede ser sustituida por otras medidas alternativas, como trabajo comunitario, multa o tratamiento en libertad, especialmente para delitos no graves o cuando el sentenciado cumple ciertos requisitos. Esta figura busca despresurizar las cárceles y promover alternativas a la prisión.

Muchos sistemas penitenciarios incentivan la participación de los reclusos en actividades laborales o educativas dentro del centro de internamiento. Por cada determinado número de días trabajados o estudiados, se puede reducir un día de la condena, incentivando la capacitación y la disciplina.

La amnistía, generalmente, es un acto del Poder Legislativo que "olvida" ciertos delitos o la pena impuesta para ellos, aplicándose a un grupo de personas. El indulto, por otro lado, es una prerrogativa del Poder Ejecutivo que perdona la pena impuesta a una persona en particular, usualmente por razones humanitarias o de interés público. Ambos son aplicados de forma excepcional.

Las personas de la tercera edad o aquellas con enfermedades terminales o graves, que imposibiliten su estancia en prisión, pueden acceder a beneficios que les permitan cumplir el resto de su condena en arresto domiciliario o bajo supervisión.

La sombra de la corrupción

Si bien los mecanismos de libertad anticipada buscan ser herramientas de justicia restaurativa y eficiencia penitenciaria, su aplicación no está exenta de controversia y señalamientos, y la corrupción emerge como una de las principales explicaciones a los casos donde la salida de prisión parece injustificada o irregular.

El soborno a funcionarios penitenciarios o judiciales puede facilitar la "compra" de informes de buena conducta, la manipulación de expedientes o la agilización de trámites para obtener libertades condicionales o sustituciones de pena, incluso cuando el sentenciado no cumple con los requisitos legales.

Personas con poder económico o conexiones políticas pueden ejercer presión para que sus allegados obtengan beneficios penitenciarios o incluso indultos, burlando los criterios de justicia y equidad. Se pueden emitir dictámenes médicos o sicológicos fraudulentos para justificar enfermedades inexistentes o supuestas rehabilitaciones, que faciliten la obtención de la libertad anticipada.

Y aunque las leyes establecen criterios, siempre existe un grado de discrecionalidad en la interpretación y aplicación de las normas. Esta discrecionalidad puede ser utilizada de forma indebida si hay corrupción de por medio.

La percepción pública de la justicia se ve gravemente dañada cuando existen sospechas fundadas de que la libertad no se obtiene por méritos o por el cumplimiento de la ley, sino por influencias indebidas o dinero.

Esta situación no solo socava la confianza en las instituciones, sino que también genera un sentimiento de impunidad, afectando la credibilidad del sistema penal.

El tema cobra relevancia, ya que en las últimas horas se hizo pública la versión de que, supuestamente, el influencer Fofo Márquez había quedado en libertad; misma que ha sido descartada por autoridades.

A finales de enero de 2025 (considerando que hoy es 25 de junio de 2025), Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años y 6 meses de prisión por el delito de tentativa de feminicidio.

Su defensa ha presentado recursos de apelación para intentar revertir esta sentencia o la clasificación del delito, pero un Tribunal de Alzada confirmó la sentencia. Por lo tanto, él permanece en prisión y su condena ha sido ratificada.

La explicación a dicha versión es que el responsable tiene acceso a un teléfono móvil al interior de la cárcel, lo que le habría permitido publicar un video antiguo de él llegando a una discoteca con un pasamontañas.

Especialistas consideran importante fortalecer los mecanismos de supervisión y control en los procesos de libertad anticipada, promover la transparencia en las decisiones judiciales y administrativas, y sancionar severamente los actos de corrupción en todos los niveles del sistema de justicia y penitenciario.