Crematorios en Puebla: entre la regulación y los riesgos ocultos

La cremación se ha consolidado como una opción cada vez más frecuente para la disposición final de los restos humanos, no solo en Puebla sino en otras entidades del país. Sin embargo, detrás de cada servicio funerario, existe un entramado de normativas, supervisiones y, en ocasiones, vacíos legales que pueden poner en riesgo la salud pública, el medioambiente y los derechos de las familias. 

Eso nos hace plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué tan regulados están los crematorios en el estado y cuáles son los desafíos que enfrentan?

En Puebla, la operación de los crematorios legales se rige principalmente por la Ley Estatal de Salud y su Reglamento, así como por diversas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables. 

Entre las principales disposiciones que deben cumplir, están:

Permisos y licencias de funcionamiento. Todo crematorio debe contar con un permiso sanitario expedido por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Este permiso avala que las instalaciones cumplen con los requisitos de infraestructura, equipamiento y personal necesarios.

Infraestructura adecuada. Las instalaciones deben contar con hornos crematorios que cumplan con especificaciones técnicas precisas para garantizar la combustión completa y la minimización de emisiones. Se exigen sistemas de filtrado de gases y partículas, así como áreas específicas para la recepción de cadáveres, la sala de espera y la entrega de cenizas.

Manejo de residuos. Es crucial el manejo adecuado de los residuos generados durante el proceso de cremación, incluyendo los restos óseos y cualquier otro material biológico o químico. Deben contar con protocolos claros para su recolección, almacenamiento y disposición final, conforme a la normativa ambiental.

Control de emisiones atmosféricas. Los crematorios están obligados a monitorear y controlar las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas. Asimismo, deben contar con equipos para medir estas emisiones y asegurarse de que se encuentren dentro de los límites máximos permisibles establecidos por la normativa ambiental federal y estatal.

Capacitación del personal. El que opera los hornos crematorios y maneja los restos debe estar debidamente capacitado en los procedimientos de operación, seguridad e higiene, así como en el manejo de emergencias.

Trazabilidad y documentación. Deben llevar un registro detallado de cada servicio de cremación, incluyendo la identificación del difunto, la fecha y hora del servicio, y el destino final de las cenizas. Esto garantiza la trazabilidad y evita irregularidades.

La supervisión del funcionamiento de los crematorios en Puebla recae -también-, en la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Esta entidad es la encargada de hacer inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria y de otorgar o revocar los permisos de operación.

Además, en lo que respecta a las emisiones atmosféricas y el manejo de residuos, la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, tiene injerencia para asegurar el cumplimiento de las leyes ambientales.

Vacíos en la legislación y riesgos latentes

A pesar del marco regulatorio existente, persisten vacíos que pueden generar riesgos significativos.

Aunque la normativa es clara en muchos aspectos, la frecuencia y profundidad de las inspecciones pueden ser insuficientes. Las sanciones por incumplimiento, si bien existen, podrían no ser lo suficientemente disuasorias, lo que permite que algunos establecimientos operen con deficiencias.

Un punto ciego importante es la posible existencia de crematorios clandestinos o semi-clandestinos que operan fuera de toda regulación, representando un grave riesgo para la salud pública y el medioambiente.

Si bien se regulan gases y partículas, la especificidad en el monitoreo y control de emisiones de metales pesados (como el mercurio de amalgamas dentales) y compuestos orgánicos persistentes como las dioxinas y furanos (formados por la combustión incompleta de ciertos materiales) puede ser insuficiente. Estos contaminantes son altamente tóxicos y persistentes en el ambiente.

Hay un riesgo de que las familias no reciban información completa y transparente sobre el proceso, el destino final de los restos o la posibilidad de que se realicen prácticas poco éticas. Casos de mezcla de cenizas o falta de certeza sobre la identidad de los restos han sido denunciados en otras latitudes.

La cadena de custodia de los cuerpos y la correcta identificación antes y durante la cremación es fundamental. Un descuido en este proceso podría llevar a la cremación de cuerpos equivocados, generando un daño irreparable a las familias.

Los vacíos en la regulación y el incumplimiento de las normas conllevan riesgos palpables. Las emisiones no controladas de gases tóxicos y partículas finas pueden provocar problemas respiratorios, enfermedades cardiovasculares y cáncer en poblaciones cercanas a los crematorios. Los metales pesados pueden acumularse en el suelo y el agua, ingresando a la cadena alimentaria.

Para el medioambiente, la liberación de contaminantes atmosféricos y el manejo inadecuado de residuos biológicos pueden causar contaminación del aire, suelo y agua, afectando la biodiversidad y los ecosistemas locales.

Para los derechos de las familias usuarias, la falta de transparencia, la posibilidad de prácticas poco éticas o la incertidumbre sobre la autenticidad de las cenizas atentan contra el derecho de las familias a un servicio digno y respetuoso para sus seres queridos. La mezcla de cenizas o la entrega de restos no correspondientes son violaciones graves a la memoria del difunto y la paz de los deudos.

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Quejas a nivel local, poco documentadas

A nivel local en Puebla, la documentación de quejas específicas contra crematorios es un tema que no suele ser de dominio público ni se difunde de manera sistemática. Las inconformidades de los usuarios suelen canalizarse directamente a la Profeco por cuestiones contractuales o de publicidad engañosa, o a la Secretaría de Salud por temas sanitarios.

Sin embargo, es conocido que, en el ámbito funerario en general, que las quejas más comunes se relacionan con el incumplimiento de servicios contratados, demoras, precios excesivos o poco claros, cobros adicionales no estipulados; manejo poco digno de los restos, e inconformidades con la calidad de las urnas o el servicio en general.

Si bien no hay un registro público y accesible de "casos de quejas en crematorios a nivel local" específicos por incumplimiento de normativas de emisiones o prácticas irregulares en la cremación misma, la ausencia de un mecanismo claro de denuncia y seguimiento para estos temas es en sí misma un vacío que impide conocer la magnitud real de las posibles irregularidades.