En varias colonias de la capital, se pueden observar lonas colgando de domicilios o postes con una advertencia clara y sin matices: "Si te agarramos, te linchamos". A escasos metros de ahí, el sonido de una sirena irrumpe en la calle, no para anunciar una emergencia, sino para probar un nuevo sistema de seguridad: una alarma vecinal entregada por el gobierno.
Estas dos escenas, tan distintas en su ejecución, representan las dos caras de la moneda de la seguridad comunitaria en México: la autoprotección organizada por los ciudadanos y la profesionalización a través de programas oficiales. Históricamente, los llamados "vecinos vigilantes" han sido una respuesta ante la percepción de abandono e ineficacia de las autoridades. Con una organización rudimentaria pero efectiva, estos grupos, que suelen comunicarse a través de chats de WhatsApp, carteles de advertencia y patrullajes informales, han asumido la tarea de proteger sus hogares.
Su modo de operar se basa en la disuasión y, en el peor de los casos, en la detención ciudadana. El momento más crítico para estos grupos es cuando sorprenden a un ladrón en flagrancia. La reacción, casi siempre coordinada, implica rodear al presunto delincuente, retenerlo e, invariablemente, enfrentarlo.
Las agresiones físicas son comunes, un reflejo de la frustración acumulada por la delincuencia. La detención culmina con una llamada a la policía, entregando al sospechoso, a veces visiblemente golpeado.
Es un dilema constante para las autoridades: aunque la detención ciudadana no está prohibida, el uso de la violencia desmedida sí lo está, lo que difumina la línea entre la autodefensa y el delito. Este tipo de organización no es exclusiva de una sola zona. Se manifiesta en colonias de clase media y media baja, donde la densidad poblacional y la incidencia delictiva son altas. En ciudades como Puebla, se pueden encontrar en colonias del sur de la capital como San Ramón, La Popular, unidades habitacionales, pero también en el norte. Incluso en algunas partes del Centro Histórico, donde la unión vecinal se ha convertido en la única respuesta que muchos consideran viable.
Ante este panorama, las autoridades han implementado estrategias para canalizar este impulso de autoprotección hacia un marco legal y tecnológico. La entrega de alarmas vecinales es un claro ejemplo.
Estos dispositivos, equipados con botones de pánico, sirenas y, en ocasiones, cámaras de video, buscan conectar de manera directa a los vecinos con la policía. La idea es que, ante una emergencia, un solo botón alerte a toda la cuadra y a las corporaciones de seguridad de manera simultánea.
La iniciativa gubernamental pretende sustituir la confrontación física por la acción coordinada y rápida de las fuerzas del orden. Sin embargo, el escepticismo de la población es palpable.
Muchos vecinos, acostumbrados a la inmediatez de la "justicia por propia mano", dudan de la eficacia y el tiempo de respuesta de las corporaciones policiales, lo que mantiene viva la tensión entre ambos modelos de seguridad.
El debate sigue abierto en las calles: ¿es la autodefensa un derecho o un riesgo? ¿Son las alarmas vecinales la solución definitiva o solo una herramienta más?
Lo que es innegable es que la inseguridad ha obligado a la ciudadanía a tomar un rol activo en su protección, y el gobierno busca ahora ser un socio confiable en esa lucha.
Este domingo, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó sobre la implementación de un programa de seguridad en la capital poblana, que consiste en la instalación de 1,000 alarmas vecinales en un centenar de colonias.
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El programa contempla la colocación de las alarmas en diversas zonas de la ciudad. Entre los lugares mencionados se encuentran las juntas auxiliares de Ignacio Romero Vargas, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras y La Libertad, así como las colonias Gonzalo Ortega, Loma Bella, Porvenir y La Candelaria.
La instalación de las primeras 100 alarmas ya se ha completado en cuadrantes de 20 colonias de las juntas auxiliares de San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras y La Libertad.
