La frustración ciudadana ante la delincuencia es palpable y se intensifica al ver cómo personas detenidas por delitos como robo a transeúnte, a negocio o en transporte público, a menudo recuperan su libertad en poco tiempo.
¿Cómo se enteran? Pues porque la mayoría de ellos reincide y, conforme son detenidos, se va conociendo cuántas veces han ingresado a la cárcel o han sido detenidos por conductas recurrentes y, aun así, obtienen su libertad.
Este fenómeno, popularmente conocido como la "puerta giratoria", no es un capricho del sistema, sino el resultado de una compleja conjunción de factores que van desde la legislación penal hasta la falta de confianza en las autoridades.
El sistema de justicia penal: entre la ley y la realidad
En México, el sistema de justicia penal se rige por el principio de presunción de inocencia y el debido proceso. No todos los delitos son considerados graves y, por ende, no todos ameritan la prisión preventiva oficiosa.
Este es un punto crucial. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece una lista de delitos que, por su naturaleza, justifican que el imputado sea encarcelado mientras se desarrolla su juicio. El robo simple, sin violencia o que no cause daño grave, no suele estar en esa lista.
Por lo tanto, cuando un delincuente es detenido por un robo menor, un juez puede dictar medidas cautelares distintas a la prisión, como la firma periódica, la prohibición de salir de cierta zona o el uso de un brazalete electrónico.
Estas medidas buscan garantizar la presencia del imputado durante el proceso, sin privarlo de su libertad, siguiendo el espíritu de la reforma de 2008 que buscaba un sistema con más garantías y menos punitivo, que incluso permitiera despresurizar los penales. Sin embargo, en la práctica, a menudo se percibe como una falta de castigo.
El papel de la denuncia y la revictimización
La falta de denuncia por parte de las víctimas es otro pilar que sostiene la "puerta giratoria", según abogados y especialistas en seguridad pública. El proceso de denunciar un robo puede ser largo, burocrático y, a menudo, revictimizante.
Las personas agraviadas, al percibir que el trámite es engorroso y que, al final, el delincuente saldrá libre, optan por no denunciar. Esta omisión tiene un efecto devastador: sin una denuncia formal, no hay delito que perseguir.
Las autoridades, al no contar con la denuncia, se ven obligadas a liberar al detenido en un plazo de 48 horas. A esto se suma el hecho de que, en muchos casos, el delincuente es aprehendido con el botín ya en su poder, lo que dificulta aún más la identificación de la víctima y la formalización de la denuncia.
La "puerta giratoria" en acción: un círculo vicioso
La combinación de un sistema penal garantista (para ciertos delitos) y la baja tasa de denuncias crea un círculo vicioso. El delincuente, al saber que las probabilidades de enfrentar un proceso penal serio son bajas, reincide.
La sociedad, al ver que el delincuente no es castigado, pierde la confianza en las instituciones y deja de denunciar. Esta situación perpetúa la impunidad y alimenta la percepción de que la ley es débil.
Para romper este ciclo se requiere una estrategia multifactorial. Por un lado, una revisión del marco legal que permita endurecer las medidas cautelares para ciertos delitos de alto impacto social, sin que esto signifique un retroceso en los derechos de los imputados.
Por otro lado, es fundamental una reforma integral en las agencias del Ministerio Público para agilizar los trámites de denuncia, hacerlos más accesibles y ofrecer una atención más empática a las víctimas, para que la denuncia sea una herramienta efectiva en la lucha contra la delincuencia.
