Hace menos de una semana, pobladores de la colonia El Nopalito, en el municipio de Cuautlancingo, arremetieron a golpes contra uno de tres sujetos que asaltaron una tortillería, hasta que lo mataron y por poco sucede lo mismo con su hermano, si no es porque la Policía lo rescató.
Hace unos días, en el municipio de Tochtepec, pobladores de una comunidad también agarraron a dos presuntos delincuentes y los comenzaron a golpear; la gente amagaba con privarlos de la vida, y nuevamente fueron rescatados por elementos policiacos de la región.
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En un preocupante recrudecimiento de la violencia social, el estado de Puebla se ha convertido en escenario de linchamientos e intentos de linchamiento, actos de "justicia por propia mano" que desafían el estado de derecho y evidencian una profunda crisis de confianza en las instituciones.
Ante la percepción de impunidad y la ineficiencia de las autoridades, grupos de pobladores han optado por ellos escarmentar a los delincuentes, con consecuencias fatales y un entramado legal complejo, pues si bien la queja es que quedan en libertad, en muchas ocasiones son los propios afectados quienes se desisten de proceder legalmente contra los probables responsables.
Se ha documentado un linchamiento en el que una multitud mató a dos hombres acusados de robo, resultando en la muerte de uno de ellos. En otro caso, un grupo de 400 habitantes en San Jerónimo Coyula retuvo a cinco personas, acusadas de robo de vehículos. Tras golpearlos, les prendieron fuego, lo que resultó en la muerte de cuatro de ellos.
Las autoridades, que no pudieron ingresar a la comunidad por la tensión, solo rescataron los cuerpos. En septiembre de 2024, tres personas murieron linchadas en dos hechos distintos en Tecamachalco y Tepeaca, acusados de robo y secuestro, respectivamente.
Estos casos se suman a una larga lista de eventos similares en años recientes, como el linchamiento de un abogado en Huauchinango en 2022 o el de dos trabajadores de Megacable en Acatlán de Osorio. Y cómo olvidar el linchamiento de dos hermanos en Ajalpan, en octubre de 2015, que al señalar que trabajaban como encuestadores, la gente escuchó “secuestradores” y los quemaron vivos.
Estas tragedias se repiten, dejando en claro que el problema persiste y se agrava.
La sanción a los responsables de un linchamiento es un tema espinoso. En México, y particularmente en Puebla, no existe un delito tipificado como "linchamiento" en el Código Penal. Sin embargo, los participantes en estos actos pueden ser acusados de diversos delitos que sí están contemplados como homicidio, lesiones, robo o daños en propiedad ajena.
El hecho de que una multitud participe en un linchamiento complica el proceso judicial. La impunidad se puede generar debido a la gran cantidad de personas involucradas, lo que dificulta la identificación y la individualización de las responsabilidades.
Los instigadores y los autores materiales son los principales objetivos de las investigaciones, pero la participación de una turba numerosa puede diluir la culpabilidad individual.
Aunque la participación en un linchamiento puede resultar en penas severas, de hasta 40 o 50 años de prisión por delitos como el homicidio calificado, la realidad es que a menudo se dificulta la detención y el enjuiciamiento de todos los responsables.
La falta de pruebas, la cohesión social de las comunidades que protegen a los suyos y la reticencia de los testigos a colaborar con las autoridades son factores que contribuyen a la impunidad.
El estado de Puebla cuenta con un "Protocolo de Actuación para Casos de Intento de Linchamiento" desde 2019, que busca coordinar la respuesta de las autoridades y evitar que estos actos se consumen.
A pesar de las dificultades, las autoridades sí reportan detenciones por linchamientos en el estado. En el pasado, se han logrado arrestos tras estos hechos. Por ejemplo, en el caso de los trabajadores de Megacable linchados en Acatlán de Osorio, se detuvo a seis personas de aproximadamente 30 involucrados. En el linchamiento del abogado en Huauchinango, se logró la detención de siete personas y en los Ajalpan, pero todos tienen una particularidad.
En todos esos casos, se demostró que las víctimas no habían cometido ningún delito, que la gente se había dejado llevar por rumores, por mensajes en redes sociales y por supuesto por la ira. Caso contrario, no hay reporte de detenidos en los casos en los que se ha comprobado que los occisos o las personas rescatadas de un linchamiento, estaban cometiendo algún ilícito.
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Estos números son a menudo desproporcionados con la cantidad real de participantes. Aunque se ha logrado la aprehensión de presuntos instigadores y autores materiales, el grueso de la turba que participa en la agresión a menudo queda sin sanción.
Este escenario plantea un desafío para el sistema de justicia, que debe equilibrar la necesidad de castigar estos crímenes con la complejidad de investigar y procesar a un gran número de personas en un contexto de violencia colectiva.
