Con el inicio de la nueva etapa del Poder Judicial, una de las mayores novedades es que jueces y magistrados (incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) han sido sometidos a un proceso de elección popular.
Esto genera incertidumbre sobre las funciones de estos cargos y el impacto de esta reforma. Aquí te explicamos de qué se encargan y cuáles son las nuevas disposiciones.
Jueces vs magistrados, ¿cuál es la diferencia?
Aunque ambos forman parte del Poder Judicial y su labor es impartir justicia, su posición y funciones dentro del sistema judicial son diferentes.
Los jueces se encargan de resolver casos en primera instancia. Esto significa que son los primeros en conocer y dictar sentencia sobre un caso en particular, ya sea en materia civil, penal, laboral o administrativa.
Sus decisiones pueden ser apeladas. Los jueces federales se conocen como Jueces de Distrito.
En el caso de los magistrados, su función principal es revisar las decisiones de los jueces en segunda instancia (la apelación).
Operan en tribunales colegiados y son los responsables de confirmar, modificar o revocar las sentencias de primera instancia.
Sus resoluciones ayudan a establecer precedentes legales. Los magistrados federales se denominan Magistrados de Circuito.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es el máximo tribunal y está compuesto por ministros que revisan los casos más relevantes y se encargan de defender la Constitución.
La elección popular y las nuevas disposiciones
La reforma al Poder Judicial tiene como uno de sus pilares la elección directa de los juzgadores. Anteriormente, estos cargos se designaban a través de un sistema de carrera judicial que incluía exámenes y meritocracia.
Pero las nuevas disposiciones derivadas de la elección popular incluyen:
Una elección directa. A partir de ahora, los ministros de la SCJN, los magistrados del Tribunal Electoral, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito son elegidos, en teoría, por voto popular en elecciones ordinarias y extraordinarias.
La creación de nuevos órganos. Se estableció la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y un nuevo órgano de administración judicial. El Tribunal de Disciplina se encargará de investigar y sancionar las prácticas de jueces, magistrados y ministros que vayan en contra de la Constitución.
Los límites a las sentencias. Se establece que las sentencias en los juicios de amparo sólo beneficiarán a quienes lo hayan interpuesto, eliminando en gran medida los efectos generales que podían tener.
Por supuesto, las remuneraciones. Se ajusta la remuneración de los juzgadores al tope máximo establecido para el Presidente de la República, y se elimina la pensión vitalicia para los ministros.
La intención de una elección es un Poder Judicial más sensible a las problemáticas de la sociedad y con mayor rendición de cuentas.
