El pleno de la llamada nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de ocho votos, propinó el primer simbólico revés al Ejecutivo federal por medio de un recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido en 2022 por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, encabezada por la ahora ministra María Estela Ríos González. La propia togada fue declarada en la sesión impedida legalmente para intervenir en el asunto.
El pleno de la Corte, adjetivada como “corta” durante la gestión de Norma Lucía Piña, confirmó una resolución del 8 de junio de 2022 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que ordenó a oficinas del Poder Ejecutivo federal entregar a un particular la versión pública de 15 oficios, con nombres y adscripciones de almirantes y vicealmirantes, así como datos de capacitación y adiestramiento de personal de la Secretaría de Marina, al estimar que gran parte de esta información ya era pública en comunicados oficiales y notas periodísticas.
En el recurso de revisión 4/2022, la Presidencia de la República impugnó esa decisión, alegando que su difusión ponía en riesgo la seguridad nacional y debía reservarse, argumento que la SCJN declaró infundado en un proyecto elaborado en aquel entonces por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
“No comparto la idea que se ha manifestado en asuntos anteriores vinculados con la seguridad nacional –relacionados con la teoría del mosaico– de que se advierta un riesgo a la seguridad nacional en este caso concreto. En este asunto debemos partir de un hecho incontrovertible, toda la información contenida en los oficios ya es del dominio público e, incluso, en la mayoría de los casos fue publicada por las mismas autoridades”, adujo Ortiz Ahlf.
El proyecto aclaró que eso no significa que hacer públicos nombres o adscripciones de mandos nunca represente riesgo, sino que cada caso debe evaluarse individualmente, y en éste la información ya era pública. Por ejemplo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz avaló el proyecto, pero sugirió que la Marina valore qué datos testar “para evitar que se vulnere la seguridad nacional”. Y el ministro Irving Espinosa Betanzo consideró que los agravios de la consejería eran fundados, pero inoperantes, pues aunque se revocara la decisión del INAI, la información ya está publicada.
Es evidente que se trató de un asunto de corto alcance y de sentido común, pero al estar involucrada la institución de las fuerzas armadas que cuenta con mayor respaldo ciudadano, le otorgaba un simbolismo mayor. Y no se diga el hecho que es el primer asunto que dirime la Suprema Corte proveniente de Palacio Nacional, cuando allí vivía y despachaba Andrés Manuel López Obrador, el mismo que ahora ve reconocida con un premio internacional a la Refinería Olmeca y, antes, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el mismo que el enciclopedista Humberto Musacchio denomina “chaifa” con el pretexto de que los periodistas deben ser críticos del poder, por lo visto sólo del político y no de los fácticos.
La decisión de la SCJN coloca en su justo lugar a los que sin mediar ni argumentos ni pruebas hacen campañas políticas para presentarla como subordinada a la Cuarta Transformación e incluso a Morena, como lo decía sin mucha convicción Jorge Romero en una cansina campaña de Acción Nacional en televisión, por fortuna ya terminó y el presunto jefe del cartel inmobiliario, su anticlimático discurso, no domina la propaganda blanquiazul.
Acuse de recibo
El doctor Emilio Vizarretea Rosales se esmeró el domingo con la estridente Mónica Garza en subrayar virtudes del almirante secretario por el importante discurso del día 16, mientras criticaba a los tres poderes de la Unión, como si la Secretaría de Marina no formara parte del Ejecutivo. Sembrar cizaña entre la Semar y la presidenta Sheinbaum, se llama lo que hizo el académico que cobra en Marina y está vinculado al PRIAN… “Avanza la fascistización de Estados Unidos. Tres políticas lo patentizan: 1) Se normaliza la ejecución extrajudicial de tripulantes de embarcaciones que, en el Caribe, son calificadas de transportar droga hacia territorio norteamericano. 2) La colaboración con el gobierno genocida de Israel no cesa, pese a las múltiples condenas que se producen en todo el mundo. 3) El ICE persigue a los migrantes con actitudes propias de un organismo paramilitar, mostrando un odio irracional hacia ellos”; sostiene Enrique González Ruiz... Falleció el 9 de septiembre doña Genoveva Rodríguez Beas a los 102.5 años de edad en Tecomán, Colima, madre del general José Francisco Gallardo, trabajadora ejemplar en Las Hamacas del Mayor y muy estimada por su bonhomía. Abrazos para Genoveva, Marco Vinicio, Patricia y Adriana… Otro abrazo cariñoso para Robert Tamayo y Tracy Chaisson –hijos de Yolanda Ibarra Aguirre, la tercera del clan, ya fallecida–, debido a que se nos adelantó el 21 de septiembre en Luisiana, USA.
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