Lamentablemente, la violencia contra las mujeres adopta formas complejas y devastadoras. Una de las más crueles es la violencia vicaria, un término que ha cobrado relevancia en la legislación y el discurso público, reconociéndola como una manifestación de la violencia machista que busca infligir el máximo dolor a una mujer utilizando a sus seres queridos, especialmente a sus hijas e hijos, como instrumento de agresión.
El concepto se define como el acto u omisión intencional con el objeto de causar daño a la mujer víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido, manipulación, o menoscabo del vínculo afectivo con sus hijas, hijos o, en un sentido más amplio, con otros familiares o allegados.
La palabra "vicaria" proviene del latín vicarius, que significa "en lugar de", lo que ilustra perfectamente su mecanismo: el agresor ejerce violencia indirectamente sobre la víctima principal (la mujer) al dañar a quien ella más ama, buscando causarle un sufrimiento irreparable y mantener el control sobre su vida, a menudo en el contexto de una separación o divorcio.
Los hijos e hijas, en estos casos, son víctimas directas de esta forma de violencia de género.
La violencia vicaria no se limita a un solo acto, sino que abarca una serie de conductas destinadas a anular y controlar a la madre.
Se tiene la violencia física y psicológica contra los hijos. Es la forma más extrema. El agresor ejerce maltrato físico o psicológico directo sobre los menores, o incluso, en los casos más trágicos, comete el infanticidio u homicidio de los hijos para "darle donde más le duele" a la madre.
También está la sustracción, retención u ocultamiento de menores, que consiste en tomar o mantener a los hijos fuera del domicilio o lugar habitual de residencia de la madre sin su consentimiento ni orden judicial, para provocar su separación y manipularla.
En este sentido, el pasado fin de semana la Fiscalía General del Estado dio a conocer la captura de un par de abuelos paternos que mantenían ocultas a sus nietas para convivir con su madre, hechos por los que ya había sido detenido el padre y su pareja sentimental.
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Después de casi tres años, los menores se reunieron con su madre, gracias al trabajo de la FGE.
Otra forma de violencia vicaria es la instrumentalización y daño al vínculo afectivo. El agresor utiliza a los hijos para obtener información de la madre, difamarla ante ellos o terceros, o promover el rechazo hacia ella (a veces referido como Alienación Parental), dañando intencionalmente el lazo materno-filial.
Obstrucción y boicot judicial, que consiste en el uso de mecanismos legales y no legales para retrasar, obstaculizar o impedir la convivencia de la madre con sus hijos (como negar el contacto o la información médica/escolar) o para lograr la custodia con el único fin de mantener el control.
Y la violencia vicaria equiparada. Algunas legislaciones, como la de Puebla, amplían la protección a otros seres queridos, incluyendo ascendientes directos, dependientes económicos o adultos mayores que se encuentren al cuidado de la víctima, a quienes se les causa daño con el objetivo de perjudicar a la mujer.
El estado de Puebla fue uno de los pioneros en México en reconocer y tipificar la violencia vicaria. Esta modalidad de violencia se incorporó a su marco legal, siendo adicionada a la Ley de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla en agosto de 2022.
Desde su tipificación como delito, las cifras judiciales oficiales en Puebla reflejan los desafíos que aún existen para su correcta persecución e impartición de justicia.
Hay un bajo número de denuncias formales, en un periodo de 10 meses del año 2024 (enero a octubre), la Fiscalía General del Estado de Puebla reportó apenas siete denuncias formales por el delito de violencia vicaria.
Asimismo, hay una baja tasa de procesamiento. De esas siete denuncias, solo una resultó en la detención y posterior vinculación a proceso del victimario. Y ahora se suma la reciente captura del par de abuelos, que enfrentan cargos por ese ilícito.
El bajo número de denuncias y el lento avance judicial no reflejan la magnitud real del problema. Organizaciones civiles, como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, han señalado que, según sus registros de colectivas hasta septiembre de 2022, sumaban al menos 75 casos en el estado.
El contraste entre los casos documentados por la sociedad civil y las carpetas de investigación abiertas por la FGE evidencia que las mujeres aún enfrentan barreras para denunciar, incluyendo la falta de conocimiento especializado de las autoridades y la revictimización durante el proceso.
Y la baja tasa de vinculación a proceso sugiere la necesidad urgente de capacitar a ministerios públicos, peritos y jueces para que puedan identificar y tipificar correctamente esta compleja forma de violencia de género.
