La violencia contra las mujeres no siempre deja huellas visibles. En muchos casos se manifiesta a través del control del dinero, la limitación en el acceso a bienes o la imposibilidad de tomar decisiones sobre la propia vida. Esta forma de agresión, conocida como violencia económica y patrimonial, es una de las menos reconocidas, pero una de las más determinantes en la pérdida de autonomía de las mujeres.
De acuerdo con ONU Mujeres, el costo global de la violencia contra las mujeres se había estimado previamente en 1.5 billones de dólares estadounidenses, y la cifra podría haber aumentado tras la pandemia. A nivel nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, junto con definiciones de ONU Mujeres y la Red Nacional de Refugios, establece que la violencia económica y patrimonial comprende todas aquellas acciones u omisiones que buscan controlar o limitar los recursos financieros, bienes o derechos de una mujer, afectando su autonomía personal y su capacidad para decidir sobre su vida y su patrimonio.
Esta forma de violencia se manifiesta cuando se impide trabajar, se controla el dinero, se retienen documentos, se restringe el acceso a servicios básicos o se dispone de los bienes sin consentimiento. Aunque menos visible, tiene consecuencias profundas como: dependencia económica, deterioro emocional, imposibilidad de atender la salud física y mental, y pérdida del derecho a decidir.
Según información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021), una de cada cinco mujeres mexicanas de 15 años y más ha vivido algún tipo de violencia en el ámbito de pareja, y más de 1.5 millones identificaron haber sufrido violencia económica o patrimonial, evidenciando que el control financiero continúa siendo una de las formas más extendidas y normalizadas de agresión contra las mujeres en México. El INEGI también señala que el 16.2 % de las mujeres en México ha enfrentado directamente este tipo de violencia, lo que confirma que el poder económico sigue siendo uno de los mecanismos más frecuentes de control dentro de los hogares.
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Desde su labor de atención y acompañamiento, Espacio Mujeres observa que las consecuencias de esta forma de violencia van más allá de lo económico: afectan la autoestima, la salud emocional, restringen la autonomía, lo que crea una enorme dependencia al agresor o agresores.
“En Espacio Mujeres, impulsamos procesos de fortalecimiento personal y colectivo de las mujeres, de manera profesional con personal capacitado; aquí ellas redescubren y ejercen su capacidad de decisión. Nuestro objetivo es que las mujeres construyan redes de apoyo duraderas y logren una vida libre de violencia. Somos el soporte profesional que facilita los espacios seguros donde ese cambio puede florecer y consolidarse”, destacó Marilú Rasso, directora ejecutiva.
La violencia económica y patrimonial rara vez se reconoce a tiempo. A menudo comienza con frases o acciones que parecen inofensivas —“te ayudo con el dinero”, “no necesitas trabajar”, “yo decido en qué se gasta”— pero terminan anulando la independencia financiera y la libertad de decisión. Espacio Mujeres hace un llamado a visibilizar estas violencias menos evidentes, a impulsar políticas públicas que aseguren restitución del daño y promover una comprensión más amplia de lo que significa vivir sin violencia: tener voz, recursos y capacidad de decidir sobre la propia vida.
