El caso de Javier López Zavala, acusado de violencia familiar contra la activista y abogada Cecilia Monzón (quien fue asesinada en mayo de 2022), se ha convertido en un lamentable pero emblemático ejemplo de las fallas y las complejidades del sistema de justicia en México.
El prolongado proceso, marcado por una serie de amparos y notablemente la revocación de una sentencia condenatoria, ha generado una profunda indignación y ha levantado serias interrogantes sobre la posible existencia de corrupción o, al menos, un uso abusivo de los recursos legales.
La defensa de Javier López Zavala ha empleado de manera constante y estratégica el recurso del amparo, una herramienta legal constitucionalmente prevista para la protección de los derechos fundamentales ante actos de autoridad.
Sin embargo, otros abogados coinciden en que se trata de prácticas dilatorias, es decir, los amparos se han interpuesto en distintas fases del proceso, buscando impugnar resoluciones, trasladar jurisdicciones o cuestionar la legalidad de los procedimientos, como la extensión de la prisión preventiva.
Aunque muchos de estos recursos han sido negados por considerarse sin fundamento, el simple hecho de su interposición obliga al Tribunal a suspender o posponer el proceso principal hasta que la instancia federal (Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados) resuelva sobre su procedencia.
La interposición de un amparo es un acto legal y un derecho de todo imputado. Sin embargo, la acumulación y el momento en que se presentan estos recursos en casos de alto perfil donde hay indicios de presunta autoría intelectual de un feminicidio (además del delito de violencia familiar) lleva a la crítica de que se trata de tácticas dilatorias.
Estas maniobras buscan desgastar a la contraparte (la familia Monzón), alargar la prisión preventiva sin sentencia firme y, en última instancia, buscar la caducidad o un fallo favorable debido a tecnicismos.
La situación escaló significativamente con la revocación de la sentencia condenatoria que, en un principio, había declarado culpable a López Zavala por violencia familiar (con una pena inicial de seis años, aunque la familia buscaba la máxima de 20 años).
El Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado de lo Penal ordenó dejar sin efecto la condena. El pretexto jurídico, según la información disponible, fue un tecnicismo procesal: se argumentó que un acta o prueba clave, específicamente la denuncia original de Cecilia Monzón, no fue leída por la persona de la Fiscalía que la recibió en su momento, exigiendo que se repusiera la audiencia previa a la sentencia para corregir este "defecto".
Para la familia Monzón, encabezada por su hermana Helena, esta decisión es arbitraria y revictimizante. No sólo somete a la familia y a la memoria de Cecilia a repetir un proceso doloroso, sino que el Poder Judicial utiliza una falta formal mínima, que no altera el fondo de las pruebas de culpabilidad, para anular una condena ya obtenida.
La revocación ha sido ampliamente criticada por ignorar los criterios de la Suprema Corte para dictar sentencias con perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres.
¿Corrupción o deficiencia burocrática?
La pregunta de si existe corrupción o si los trámites están dentro de lo legal se sitúa en un matiz gris que es la norma en el sistema judicial mexicano.
La persistencia del político en el uso de recursos, combinada con la revocación de una sentencia por un vicio formal en lugar de uno sustancial, alimenta la percepción social de que el poder político y económico pueden manipular los tiempos y las formas del proceso judicial.
Si bien los amparos son legales, la forma en que se utilizan y la cuestionable decisión de anular la condena por un error administrativo trivial apuntan a un sistema que, o bien es ineficiente ante tácticas dilatorias o está siendo influenciado (léase corrompido) para negar la justicia a las víctimas, tal como lo ha señalado Helena Monzón.
