El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció recientemente la creación de cinco corralones estatales para combatir los abusos y la corrupción en los servicios de arrastre y resguardo de vehículos y uno de estos estará específicamente en la capital poblana.
Y es que a pesar de las reformas aprobadas en 2021 y 2024 para frenar abusos en los servicios de grúas y corralones, los resultados no han sido los esperados. Ciudadanos y transportistas continúan denunciando cobros excesivos, irregularidades en la operación y falta de supervisión efectiva, lo que evidencia que los cambios legales no han logrado transformar la práctica cotidiana del sector.
En 2021, durante el gobierno de Miguel Barbosa, el ejecutivo envió al Congreso una reforma integral a la Ley de Movilidad y Transporte, con el argumento de que las grúas y corralones operaban como “nidos de corrupción”. La iniciativa proponía un tabulador oficial de tarifas, limitar el número de depósitos por zona y otorgar a la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) el control total de concesiones y revocaciones, así como la creación de un sistema digital para transparentar la gestión vehicular.
La nueva Ley de Transporte presentada ese mismo año, con 151 artículos, buscaba reforzar la protección de los usuarios considerados “sujetos de derechos”. Además, se emitieron reglamentos que endurecían sanciones para concesionarios e incluso se clausuraron varios corralones por incumplimientos ambientales. Sin embargo, las medidas no se tradujeron en un cambio estructural y las prácticas irregulares persistieron.
En 2024, bajo la administración de Sergio Salomón Céspedes, el gobierno impulsó otra reforma para fortalecer el control del Estado sobre estos servicios. Las modificaciones otorgaron a la SMT la facultad de fijar tarifas oficiales de arrastre, salvamento y depósito, además de prohibir cobros adicionales no autorizados y ejecutar inspecciones permanentes para vigilar el cumplimiento de la ley.
Como parte de estas acciones se creó un Padrón Oficial de Depósitos Vehiculares, integrado por sólo 78 empresas autorizadas, pese a que más de 200 operaban en la entidad sin regulación. Las reformas también contemplaban la revocación de concesiones por reincidencia en abusos y la clausura inmediata de establecimientos que operaran sin permisos.
Pese a este marco jurídico actualizado, en 2025 continúan las quejas ciudadanas sobre tarifas excesivas, falta de transparencia y operaciones irregulares de empresas no registradas. Organizaciones de transportistas acusan que las reformas no han sido aplicadas con rigor y que persisten redes de complicidad que permiten que los abusos continúen sin consecuencias, lo que mantiene el problema sin resolver.
¿Qué es lo que más denuncian los ciudadanos?
Las denuncias por abusos en servicios de grúas y corralones continúan acumulándose, según reportes en medios, redes sociales y dependencias como la SMT y Profeco. Los usuarios describen estas prácticas como un “segundo robo” después de un incidente vial, debido a cobros indebidos, irregularidades en el manejo de vehículos y la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades.
Entre las quejas más recurrentes destacan los cobros excesivos que rebasan por completo los tabuladores oficiales, con casos que alcanzan hasta 150,000 o 200,000 pesos, incluso superando el valor de los vehículos; el desmantelamiento de unidades dentro de corralones; la colusión de operadores con policías para remolques innecesarios; la retención prolongada de vehículos sin justificación, y la ausencia de transparencia en inventarios y registros.
La presión pública ha llevado al Gobierno Estatal a implementar medidas; no obstante, especialistas y afectados coinciden en que mientras persistan vacíos en la vigilancia y más de la mitad de los corralones operen fuera del padrón oficial, los abusos seguirán en perjuicio de los ciudadanos.
