El debate sobre la estrategia de seguridad pública en Puebla se intensifica. El Gobierno del Estado ha anunciado que presentará al Congreso local una iniciativa clave: la implementación del Mando Único Policial en toda la entidad.
Esta propuesta, que busca centralizar las corporaciones bajo una sola autoridad, promete transformar la estructura de seguridad, pero también reaviva la discusión nacional sobre el equilibrio de poderes y la efectividad de este modelo.
Comencemos por explicar qué es el Mando Único. En el contexto de la seguridad pública mexicana, es un modelo de organización policial donde se centralizan las funciones operativas y en el modelo más estricto, también las administrativas de todas las corporaciones de una entidad federativa (policías estatales y municipales) bajo una sola institución o autoridad, generalmente a nivel estatal.
La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) de México distingue dos figuras principales:
El Mando Único (Estricto): La Policía Estatal asume el control total (operativo y administrativo) de las fuerzas municipales. Esto se establece cuando un municipio carece de policía, lo solicita o lo determina el Consejo Nacional/local, como ya ha sucedido en algunos municipios, inclusive en administraciones pasadas.
Y el Mando Coordinado, en el que se centralizan las labores operativas en una institución estatal, pero las labores administrativas (como nóminas, recursos básicos) continúan bajo la responsabilidad de los ayuntamientos. Este modelo suele establecerse mediante convenios de colaboración.
La propuesta de Puebla deberá detallar si optará por el modelo estricto o el coordinado, aunque la intención general apunta a una mayor injerencia y control estatal sobre las policías locales.
Ahora, ¿qué cambios implicaría su aprobación en Puebla?
De ser aprobado en el Congreso, el Mando Único en Puebla implicaría una reestructuración profunda en la administración de la seguridad, destacando los siguientes posibles cambios, de acuerdo con fuentes consultadas por Imagen Poblana.
La centralización del mando, es decir, todas las policías municipales de la entidad pasarían a estar bajo la dirección operativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal o la figura que designe el Gobierno.
La homologación operativa. Se buscaría estandarizar la capacitación, los protocolos de actuación, el equipamiento, los salarios, las prestaciones y los requisitos de ingreso para todos los elementos policiales en el estado.
Movilidad de elementos. Los policías, que hoy sirven exclusivamente a su municipio, podrían ser reasignados y movilizados a otras regiones del estado según las necesidades estratégicas de la autoridad central.
El uso de recursos federales destinados a la seguridad municipal (como el FORTAMUN o el FASP) podrían ser administrados y ejercidos de manera centralizada por el Estado, con miras a una distribución más equitativa o estratégica.
Mayor coordinación. Se esperaría una mejora sustancial en la coordinación, el intercambio de información y las operaciones conjuntas entre los diferentes órdenes de gobierno para combatir el crimen organizado y los delitos de alto impacto.
Un modelo de coexistencia nacional
El Mando Único no es una novedad en el país. Si bien la Ley General de Seguridad Pública permite tanto el Mando Único como el Mando Coordinado, diversos estados mexicanos han adoptado estas figuras, ya sea de forma total o parcial (por convenios con los municipios).
Entidades como Aguascalientes y Baja California Sur han adoptado el modelo de Mando Único en la totalidad de sus municipios.
Otros, como el Estado de México, han establecido acuerdos de Mando Coordinado con una gran mayoría de sus ayuntamientos, permitiendo que la Policía Estatal asuma funciones en municipios específicos o en zonas metropolitanas.
Sonora ha experimentado con la implementación del Mando Único en distintos momentos y municipios, a menudo generando debate local sobre la autonomía.
La existencia del Mando Único en otras entidades demuestra que es un modelo legalmente viable, aunque sus resultados en la reducción de la incidencia delictiva han sido objeto de análisis y controversia entre especialistas de seguridad.
