La noche del jueves fue aprobada una reforma a la Ley de Aguas Nacionales que busca regular el uso, distribución y conservación del agua como un recurso estratégico y un derecho humano, centralizando su gestión en la Conagua. El decreto ya fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que la convertiría en ley en los próximos días.
Sin embargo, la iniciativa ha despertado inconformidad entre campesinos y ejidatarios. En entrevista para Imagen Poblana, don Margarito, productor del campo en la comunidad de Santa Cruz Alpuyeca, expresó su preocupación ante los posibles efectos de esta reforma, al considerar que podría poner en riesgo el acceso al agua para las actividades agrícolas de subsistencia.
El agricultor poblano señaló que esta nueva legislación podría generar mayores restricciones para el uso del agua en actividades agrícolas, lo que afectaría directamente su productividad y economía.
“Nos preocupa que ahora todo tenga que pasar por permisos federales y que se priorice a las grandes empresas sobre los pequeños productores”, expresó.
Asimismo, aseguró que la reforma no fue suficientemente socializada antes de su aprobación, por lo que consideran que no se tomaron en cuenta las realidades del campo. “El agua es esencial para la siembra y la ganadería; sin un acceso justo, muchas comunidades podrían quedar en una situación crítica”.
“Es un robo al patrimonio de los campesinos, porque el agua siempre ha sido de quien trabaja la tierra y ahora nos la quieren quitar", reprochó don Margarito y añadió que la reforma podría provocar el abandono de parcelas, la pérdida de cosechas y una mayor crisis económica en las comunidades rurales.
Por ello, ante este panorama, los productores no descartaron llevar a cabo movilizaciones o solicitar mesas de diálogo con autoridades federales para revisar los alcances de la reforma y evitar afectaciones a miles de familias que dependen del campo.
Entre los principales puntos que generan mayor rechazo está la prohibición de heredar, vender o transferir concesiones de agua, ya que, al concluir su vigencia, los derechos regresarían al Estado para su reasignación por parte de Conagua.
Los productores temen que este esquema genere incertidumbre y discrecionalidad, dejando sin agua a miles de ejidatarios. Organizaciones como la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano acusan que esta medida viola su patrimonio histórico.
Asimismo, denuncian falta de consulta real y califican la aprobación como una “traición” a los acuerdos previos, al no haberse incluido el reconocimiento de aprovechamientos históricos del agua.
A ello se suma la preocupación por el centralismo que concentraría el control del recurso en el gobierno federal, lo que, advierten, podría derivar en decisiones políticas y mayor burocracia. El sector agropecuario alerta que la reforma afectará gravemente la economía del campo, al poner en riesgo la producción de alimentos y agravar la crisis hídrica en regiones como el Bajío y el norte del país.
