La Justicia Federal de Brasil decidió este miércoles suspender los beneficios vitalicios a los que tiene derecho Jair Bolsonaro (2019-2023) por su condición de expresidente, por considerar que no tienen sentido mientras esté en prisión.
El juez Pedro Pereira dio al Estado un plazo de 48 horas para que deje de poner al servicio del expresidente los funcionarios públicos, vehículos oficiales, conductores y asesores que prevé la legislación.
La decisión atiende a una petición de un concejal del ayuntamiento de Belo Horizonte (sur del país), Pedro Rousseff (sobrino de la expresidenta Dilma Rousseff), que alegó que los recursos se están invirtiendo en una estructura que se volvió "inútil e incompatible" con la condición de preso.
El juez le dio la razón, al remarcar que la estructura que actualmente mantiene el Estado "no añade protección existencial relevante al imputado, que ya está bajo custodia del Estado, pero consume recursos públicos para preservar un estatus simbólico de ex jefe de Estado".
Según la prensa brasileña, en los primeros seis meses de este año Brasil gastó 521.000 reales (95.200 dólares) en gastos con el equipo de ocho funcionarios que atiende a Bolsonaro, además de billetes de avión y gasolina.
El líder ultraderechista fue condenado a 27 años y tres meses de cárcel por intento de golpe de Estado y cumple condena desde el mes pasado en la comisaría central de la Policía Federal en Brasilia.
