El empresario Ricardo Salinas Pliego no pudo encontrar mejor momento para acudir a Washington a presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, justo cuando desde la Casa Blanca arrecian las críticas al gobiernito de la 4T por su “intolerable alianza” con la delincuencia y porque no acepta la ayuda para acabar con los cárteles de la droga.
El Tío Richie acudió a la sede de la OEA para sostener una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de ese organismo-
Ahí presentó una petición ante la CIDH por la persecución política que ejerce el Estado mexicano en su contra.
En ella, advirtió sobre la grave crisis institucional que enfrenta México y presentó evidencias contra el Estado por la criminalización de la crítica, el hostigamiento administrativo, la captura del Poder Judicial y el uso político del aparato fiscal.
Como ante lo hiciera el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, el concesionario de TV Azteca y accionista mayoritario de Banco Azteca, Total Play y varias otras empresas también se reunió con congresistas estadounidenses que, asimismo, estuvieron atentos a sus denuncias documentadas.
El timing fue perfecto.
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El registro de propietarios de aparatos de telefonía celular comenzó a trompicones y denuncias.
Usuarios de redes sociales evidenciaron que, cuando menos Telcel, del emporio de Carlos Slim, mostró fallas y vulnerabilidades en su página electrónica para llevar a cabo dicho registro.
Presentado como una de las estrategias para acabar con la extorsión, el remedio resultaba peor que la enfermedad, pues otras quejas refirieron que, de estar en manos del gobiernito dicho padrón, bien podría ser hackeado tal y como ha sido intervenido por piratas cibernéticos. Desde los servidores de la Defensa Nacional hasta los del INE, el IMSS y muchas otras dependencias.
Ya ayer la señora Sheinbaum salió a aclarar, en su mentiñera, que el registro de líneas de telefonía celular no implica vigilancia gubernamental y que la responsabilidad de resguardar los datos personales corresponde a las empresas telefónicas, no al Estado.
Precisó que la autoridad sólo puede solicitar información a las empresas telefónicas cuando existe la comisión de un delito y una investigación formal.
Bien hasta ahí.
Pero ahora viene la pregunta incómoda: Si ya di mi identificación a la empresa de telefonía al momento de contratar con ella una línea telefónica, ¿por qué tengo que repetir el registro?
Nos quejamos de la burocracia gubernamental, pero la burocracia de ciertas empresas privadas, como Telcel, es todavía peor.
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De no haber sido por la autonomía de la que goza la UNAM, las asambleas en las que en 1968 participaba Pablo Gómez en Ciudad Universitaria habrían sido irrumpidas por las fuerzas represoras de Luis Echeverría y de Gustavo Díaz Ordaz.
Y ahora resulta que, ya viejo, Gómez no cree en la autonomía.
No, al menos, en el caso del INE al que, siguiendo indicaciones de AMLO, ya tiene en la mira.
Autónomo tampoco es don Pablo. Obediente, sigue órdenes.
Y esas no son otras que las de llevar del papel a la realidad aquel Plan A de López que, por fortuna, fue frenado por la Marea Rosa ciudadana.
El sesentayochero que llegó varias veces a las cámaras del Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, ahora quiere acabar con esa figura popularmente conocida como plurinominales. Y ahora también va, por indicaciones de su mesías, a acabar con ellos, quitando la oportunidad de participación a las minorías políticas.
Vale recalcar que Gómez perdió la única ocasión en la que presentó una candidatura a la consideración de los electores.
Como plurinominal, sí. Uninominalmente, no.
@AndySKBrown1
* Pseudónimo bajo el que se redactan informaciones aportadas por los colaboradores y lectores del portal Índice Político.
