La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de revocación de mandato que permitiría a la titular del Ejecutivo promover la participación ciudadana en estos ejercicios. La propuesta fue enviada al Senado de la República el 17 de marzo de 2026 para su análisis legislativo, en medio de un debate público generado tras su difusión.
Dicha propuesta generó caos en redes sociales y medios de comunicación, pues varios posts en X aseguraban que la presidenta podría reelegirse como mandataria para otro sexenio, generaría desestabilidad de cara a las negociaciones del T-MEC o usaría recursos públicos para este tipo de campañas. No obstante, el documento enviado al Congreso señala que queda prohibido el uso de recursos públicos para la promoción del voto y no busca la reelección.
Durante la conferencia matutina del 18 de marzo de 2026, la mandataria explicó el alcance de la propuesta y aclaró que su objetivo no es modificar la duración del mandato presidencial. "No se trata de usar tiempos oficiales, sino sencillamente de que puedas hablar", afirmó. Añadió: "Cómo es que estás sujeto a revocación de mandato y no puedas hablar". De acuerdo con el documento enviado al Congreso, la iniciativa establece que la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor bajo los términos que determine la legislación aplicable.
La presidenta @Claudiashein explicó que el Plan B permite al Ejecutivo expresarse en la revocación de mandato, sin propaganda partidista. pic.twitter.com/o2GAUaMTuj
— Amir Ibrahim ???????? (@AmirIbrahimQRoo) March 18, 2026
Cambios en participación y reglas del proceso
De acuerdo con la iniciativa, la revocación de mandato busca consolidarse como un mecanismo para que la ciudadanía evalúe el desempeño del gobierno y, en su caso, retire el mandato. La iniciativa posiciona la revocación como "una de las formas más civilizadas y pacíficas de destituir a un mal gobernante".
El proyecto también plantea modificaciones al Artículo 35 constitucional, donde se establece que "la persona sujeta a revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley de la materia". Al mismo tiempo, se mantiene la restricción del uso de recursos públicos para la recolección de firmas, la contratación de propaganda o el uso de tiempos oficiales. Asimismo, se estipula la suspensión de propaganda gubernamental en medios durante los 60 días previos a la jornada de revocación.
Antecedentes y contexto del mecanismo
La iniciativa retoma como antecedente el proceso realizado el 10 de abril de 2022, organizado por el Instituto Nacional Electoral, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. En ese ejercicio, se registró la participación de más de 16 millones de personas, lo cual representó apenas el 17% del padrón electoral. Los resultados de aquella consulta terminaron en un 91.86% a favor de que siguiera gobernando AMLO y un 6.44% pidió que se le revoque el mandato.
