El incremento sostenido de adolescentes involucrados en delitos de alto impacto, como homicidios, robos y narcomenudeo, ha reactivado en Puebla y a nivel nacional el debate sobre la necesidad de endurecer el marco legal para menores de edad, sin vulnerar sus derechos.
Actualmente, la edad mínima de responsabilidad penal en México se mantiene en 12 años, conforme a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) y su aplicación en el estado. Los menores de esa edad quedan exentos de sanciones penales y sólo reciben medidas de asistencia social, mientras que quienes tienen entre 12 y 17 años son procesados bajo un sistema especializado que prioriza la reinserción social.
Este modelo contempla medidas educativas y restaurativas; en casos graves, incluye el internamiento en centros especializados, con un máximo de cinco años para mayores de 14 años, sin que en ningún caso sean enviados a cárceles para adultos.
No obstante, el aumento de casos ha puesto en entredicho la eficacia del sistema, y es que de acuerdo con datos del INEGI, Puebla registró 684 adolescentes imputados en carpetas de investigación, ubicándose en el lugar 13 a nivel nacional. Los delitos más frecuentes fueron lesiones, robo, amenazas y abuso sexual.
A esta tendencia se suma un repunte reciente; en 2025, el número de adolescentes con medidas cautelares creció 37.6 %, al pasar de 96 a 131 casos.
Autoridades advierten que el crimen organizado ha intensificado el reclutamiento de menores de edad, utilizándolos como “halcones”, mensajeros o incluso sicarios, aprovechando las condiciones del sistema de justicia juvenil.
Entre 2020 y 2025, la Fiscalía General del Estado detuvo a 245 menores por posesión de drogas como metanfetamina, cocaína y marihuana; sin embargo, solo 14 fueron vinculados a proceso, lo que refleja limitaciones en la respuesta institucional.
En febrero de 2026, un adolescente de 17 años fue vinculado a proceso por homicidio y lesiones tras un ataque armado en inmediaciones del bar “Sala de Despecho”, en la capital poblana, presuntamente relacionado con un grupo delictivo. Pese a la gravedad del hecho, enfrenta su proceso bajo el sistema para adolescentes.
Uno de los casos más emblemáticos fue el de Edgar Jiménez Lugo, alias “el Ponchis”, quien a los 14 años confesó haber participado en homicidios y decapitaciones al servicio del crimen organizado en Morelos. Debido a su edad, fue procesado bajo el sistema de justicia para adolescentes y recibió la pena máxima de tres años de internamiento, tras lo cual recuperó su libertad.
Asimismo, de acuerdo con datos oficiales, entre 2024 y 2025, al menos 171 menores fueron procesados por delitos que van desde robo hasta feminicidio en Puebla, lo que ha encendido alertas sobre la incidencia delictiva juvenil en la entidad.
A nivel nacional, un caso ocurrido en marzo de 2026 en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde un joven de 15 años fue señalado por el asesinato de dos maestras, intensificó las propuestas legislativas para diferenciar sanciones en delitos de alta gravedad.
En Puebla, el Congreso local ha discutido diversas iniciativas, entre ellas sancionar con hasta 20 años de prisión a quienes recluten menores para actividades delictivas, así como reformas para castigar con mayor severidad conductas como el abandono infantil o el ciberacoso.
Sin embargo, algunos especialistas advierten que reducir la edad penal por debajo de los 12 años o equiparar las penas con las de adultos enfrenta restricciones constitucionales y compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Por ahora, el reto para Puebla y el país consiste en encontrar un equilibrio entre garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, y responder a una realidad de seguridad pública cada vez más compleja, donde el crimen organizado ha encontrado en los jóvenes una población vulnerable y, en muchos casos, instrumentalizada.
