El registro telefónico actual se diferencia del RENAUT, pero ni así convence

A poco más de dos meses de que venza el plazo para el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil en México, el avance es todavía limitado, y es que de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), al 19 de abril, se han vinculado 30.2 millones de números a una identidad, lo que representa apenas entre el 19 y 20 % del total estimado de líneas activas en el país, que oscila entre 148 y 158 millones.

El rezago implica un reto mayúsculo, ya que para cumplir con la meta antes del 30 de junio, sería necesario registrar alrededor de 1.5 millones de líneas diarias, un ritmo que hasta ahora no se ha alcanzado.

Ante este escenario, la CRT ha intensificado la campaña “Registra tu línea”, en coordinación con operadores de telecomunicaciones, instituciones bancarias, tiendas de autoservicio y sindicatos; además, ha sido enfática en que no habrá prórroga. 

Las líneas que no cumplan con el registro serán suspendidas a partir del 1 de julio, aunque podrán ser reactivadas posteriormente una vez que el usuario complete el trámite correspondiente.

El objetivo de esta medida es eliminar, supuestamente, el anonimato en el uso de la telefonía móvil, una condición que, según el gobierno, facilita delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro; sin embargo, la baja participación y la desconfianza ciudadana han encendido alertas, en buena medida por el antecedente del fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT).
 

Implementado en 2009 durante el gobierno de Felipe Calderón, el RENAUT buscaba un propósito similar: asociar cada línea celular a la identidad de su titular, y aunque logró registrar cerca de 58 millones de números, alrededor del 70 % del total en ese momento, dejó fuera a millones de usuarios y enfrentó graves problemas operativos.

Uno de los golpes más severos fue la vulneración de su base de datos centralizada, que terminó circulando en el mercado negro a precios irrisorios, exponiendo la información personal de millones de mexicanos. Lejos de reducir los delitos que pretendía combatir, durante su vigencia se registró un aumento en casos de extorsión y secuestro.

Ante estos resultados, el Senado derogó la ley en 2011 y, un año después, la base de datos fue destruida, pero no se concretó la cancelación masiva de líneas no registradas, como inicialmente se había planteado.
 

El esquema actual busca diferenciarse de aquel antecedente, y es que presuntamente a diferencia del RENAUT, no se trata de un padrón centralizado en manos del gobierno, sino de un registro administrado por los propios operadores de telecomunicaciones, que vinculan cada línea con la identidad del usuario.

Además, se ha descartado el uso de datos biométricos, luego de que la Suprema Corte declarara inconstitucional en 2021 el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), que sí contemplaba este tipo de información sensible.

 Pero, pese a estas diferencias, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales han advertido que no hay evidencia concluyente a nivel internacional de que este tipo de registros reduzca significativamente la incidencia delictiva. 

También han insistido en los riesgos asociados a posibles filtraciones de datos y suplantación de identidad.

Por ahora, la incógnita permanece: si el país logrará cumplir con la meta planteada o si el registro obligatorio de líneas móviles se convertirá, una vez más, en un intento ambicioso con resultados limitados.