El Congreso de Puebla analiza una iniciativa para regular y legalizar el llamado “Operativo Mochila” en planteles públicos y privados, en respuesta a recientes amenazas de tiroteos difundidas en redes sociales y a la creciente preocupación por la seguridad escolar.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, informó que la propuesta busca establecer un marco legal claro que permita aplicar revisiones en escuelas sin vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La discusión legislativa ocurre en un contexto jurídico complejo ya que, en febrero de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional el programa “Mochila Segura” al considerar que se aplicaba de manera discrecional, sin sustento legal, lo que violaba derechos como la privacidad, la intimidad y la seguridad jurídica, protegidos por el artículo 16 constitucional.
No obstante, el máximo tribunal no prohibió las revisiones escolares, sino que condicionó su implementación a la existencia de una ley que establezca protocolos claros, criterios de proporcionalidad y la participación de la comunidad escolar.
Los resultados de este operativo han sido mixtos y debatidos históricamente. Dentro de los aspectos positivos reportados sobresale que, en algunos estados como Chiapas, Guanajuato y el Estado de México, se han asegurado objetos prohibidos, reducido la portación de armas y drogas en operativos puntuales y generado conciencia.
Además, autoridades locales hablan de “buenos resultados” en prevención inmediata y disuasión, sobre todo en contextos de alta violencia escolar, donde se ve como una herramienta reactiva.
Pero, por otro lado, informes como el de la CDHCM señalan poca efectividad a largo plazo tras más de 20 años; no resuelve causas estructurales de violencia familiar, bullying, salud mental y narcomenudeo externo.
Además, derivó en denuncias de abusos como revisiones humillantes, desnudos en casos aislados como Yucatán, estigmatización y erosión de confianza en la escuela. La CNDH y defensores de derechos humanos lo ven como medida superficial que no sustituye prevención integral.
Incluso, no hay estudios nacionales concluyentes que demuestren reducción sostenida de violencia escolar atribuible solo al operativo.
Por ello, en Puebla, al igual que en otras entidades, su aplicación ha sido intermitente y, en ocasiones, sin lineamientos formales, lo que ha generado cuestionamientos legales; por ello, la nueva iniciativa busca precisamente evitar arbitrariedades mediante reglas definidas, posibles esquemas de consentimiento y la participación de padres de familia.
El debate sobre su efectividad continúa abierto, por un lado provoca disuasión inmediata: reduce ingreso de armas, drogas, cuchillos u objetos peligrosos; genera conciencia en alumnos, padres y docentes sobre riesgos y responsabilidades legales; refuerza la percepción de seguridad en contextos de amenazas y puede combinarse con vigilancia externa y participación parental para mayor legitimidad.
Pero, por otro lado, diversas organizaciones señalan es que es una violación potencial a los derechos si no está bien regulado; su efecto es temporal y superficial y no ataca de raíz la violencia familiar, el bullying, el acceso a armas y drogas fuera de escuela.
Además, refieren que conlleva el riesgo de abusos o discriminación, genera desconfianza entre estudiantes y autoridades escolares, y es mejor invertir en programas integrales de convivencia, salud mental y educación en derechos.
Por tanto, expertos coinciden en que, de aprobarse, la regulación deberá contemplar su aplicación únicamente en casos excepcionales, con protocolos estrictos, enfoque preventivo y respeto al interés superior de la niñez, además de complementarse con políticas integrales de convivencia escolar.
La iniciativa se perfila como un intento por conciliar la demanda de mayor seguridad en las escuelas con la obligación de garantizar los derechos fundamentales, en medio de un escenario donde la violencia escolar y las amenazas en redes sociales han encendido alertas en la entidad.
