México enfrenta un posible escenario de desconexión masiva de líneas telefónicas móviles ante el vencimiento, el 30 de junio de 2026, del plazo para registrar los números celulares con la CURP, o en el caso de personas morales con el RFC e identificación oficial.
De acuerdo con la información difundida sobre el programa impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), las líneas que no sean vinculadas a un usuario quedarían suspendidas a partir del 1 de julio, manteniendo únicamente la posibilidad de hacer llamadas de emergencia al 911 y recibir alertas oficiales.
La medida tiene como objetivo, dicen, combatir delitos como extorsiones, fraudes telefónicos y otras actividades ilícitas que aprovechan el anonimato de las tarjetas SIM; sin embargo, el avance del registro ha sido más lento de lo esperado.
Reportes de mayo de 2026 indican que, de entre 144 y 158 millones de líneas activas en el país, solamente entre 30 y 49.5 millones habían sido registradas, lo que representa alrededor de un tercio del total.
Ante esto, especialistas advierten que una suspensión masiva tendría efectos inmediatos en la economía; el segmento de prepago, que concentra más del 80 % de las líneas móviles en México, sería uno de los más afectados.
Durante el primer trimestre de 2026 ya se reportó una pérdida neta superior al millón de líneas, principalmente en Telcel y AT&T, situación que frenó el crecimiento habitual del sector.
Una desconexión a gran escala implicaría una caída significativa en ingresos por recargas, contratación de servicios y consumo de datos móviles, generando pérdidas de miles de millones de pesos para la industria de telecomunicaciones.
Además, el impacto alcanzaría a la economía digital, pues millones de personas utilizan su número celular para recibir claves bancarias, acceder a aplicaciones de transporte y reparto, hacer compras en línea, trabajar de forma remota y efectuar trámites gubernamentales.
La suspensión temporal de estos servicios podría afectar la productividad y las actividades comerciales de amplios sectores de la población.
El posible “apagón” también genera preocupación por sus consecuencias sociales, adultos mayores, habitantes de zonas rurales, migrantes y usuarios de bajos ingresos serían los grupos más afectados, debido a que muchos dependen exclusivamente del teléfono móvil para comunicarse y acceder a internet.
Organizaciones y especialistas también han expresado inquietudes relacionadas con la privacidad y la protección de datos personales, además del riesgo de que se incrementen prácticas como el robo de celulares, la suplantación de identidad o el mercado irregular de líneas telefónicas.
Un país altamente dependiente del celular
La relevancia del teléfono móvil en México es evidente, datos del INEGI muestran que más del 80 % de la población de seis años o más utiliza un celular; asimismo, encuestas recientes señalan que casi la mitad de los usuarios regresaría a casa si olvidara su dispositivo, reflejando el grado de dependencia que existe hacia esta herramienta.
Para millones de mexicanos, el smartphone es la principal vía de acceso a internet, redes sociales, mensajería instantánea, banca digital y servicios públicos.
Las próximas semanas serán decisivas, ya que más allá de un tema de telecomunicaciones, la eventual suspensión de millones de números telefónicos podría convertirse en un problema de conectividad nacional con repercusiones económicas, sociales y políticas de gran alcance.
