Esta semana la presidenta de México Claudia Sheinbaum hizo el planteamiento de regular el uso de las plataformas y en general, de los teléfonos celulares en los menores de edad y en los jóvenes y aunque esto pudiera parecer imposible o incluso hasta un exceso, lo cierto es que resulta urgente atender esta situación que ya está generando serios problemas de socialización, desarrollo cognitivo y hasta motriz en ese sector de la población tan hecho y dependiente ya de las redes sociales.
Hace un par de semanas escribí en este mismo espacio sobre la pandemia de la soledad que está generando el ensimismamiento de los jóvenes en esta realidad alterna que se han construido en torno a su vida.
También es importante destacar la responsabilidad de nosotros los adultos, madres y padres, educadores y responsables del desarrollo de los menores. No faltan los memes o las publicaciones en TikTok o en Instagram, las redes favoritas de los chicos, donde se hace ironía de la forma de “convivencia” entre los padres, madres e hijos: cada uno en su celular sentados en torno a la mesa o al sofá de su casa.
Frente a esta realidad, la propuesta impulsada por la presidenta de México busca establecer un marco normativo claro que responsabilice a las grandes empresas tecnológicas y proteja a los sectores más vulnerables. La iniciativa pone al centro el bienestar de la niñez, proponiendo medidas orientadas a la prevención del acoso cibernético, la transparencia en el uso de algoritmos y la regulación de contenidos perjudiciales. No se trata de frenar la innovación, sino de asegurar que el entorno virtual no opere al margen del interés superior de la infancia y del derecho a un desarrollo integral.
Si bien estas herramientas ofrecen posibilidades extraordinarias de conexión, también han encendido alarmas globales sobre sus impactos en la salud mental, la privacidad y la seguridad, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, lo que plantea una pregunta urgente sobre el papel de la sociedad y las instituciones para garantizar espacios digitales seguros.
En el plano internacional, diversos países han comenzado a implementar marcos legales severos para salvaguardar a los jóvenes. Australia, por ejemplo, aprobó restricciones históricas para restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, mientras que Francia y el Reino Unido han regulado o prohibido el uso de teléfonos celulares en centros educativos para reducir la distracción y el ciberacoso. Por su parte, naciones como China y España han avanzado en leyes que imponen controles parentales estrictos, límites de tiempo diario y filtros de contenido para proteger la salud psicofísica de los menores.
Esta exigencia de anteponer el bienestar humano frente a las transformaciones tecnológicas no es nueva en el pensamiento social. Ya desde fines del siglo XIX, el papa León XIII, en su célebre encíclica Rerum Novarum, advirtió sobre la necesidad imperiosa de regular las fuerzas del mercado y el avance técnico para defender la dignidad de la persona y proteger a los más débiles ante los excesos del desarrollo industrial. Aplicado a la era digital, este principio ético nos recuerda que ninguna innovación o modelo de negocio debe prosperar a costa del deterioro emocional, moral o social de los individuos.
Hace poco el papa León XIV también ha puesto el dedo en la llaga y ha despertado el interés en el tema de la Inteligencia Artificial a través de su encíclica Magnifica Humanitas (publicada en mayo de este año) bajo una premisa fundamental: la tecnología no es neutra y debe subordinarse siempre a la dignidad humana. En su diagnóstico, advierte sobre los peligros de que un reducido grupo de corporaciones controle los algoritmos y la infraestructura de datos, transformándolos en herramientas de dominación, adicción digital en los jóvenes o precarización laboral. Frente a esto, plantea que el desarrollo tecnológico no puede avanzar sin controles ni justificarse por la mera eficiencia económica, especialmente cuando pone en riesgo la salud mental de las infancias o delega decisiones de vida o muerte en armas autónomas.
Para evitar que el poder corporativo dicte la dinámica social, la propuesta exige que los Estados asuman su papel regulador mediante marcos jurídicos e instituciones de supervisión independientes.
Regular no significa oponerse al progreso, sino establecer reglas éticas vinculantes y auditorías algorítmicas que garanticen la transparencia y la protección de los derechos colectivos. En última instancia, se busca que la innovación digital opere como un bien al servicio del trabajo digno, la convivencia pacífica y el desarrollo integral de las personas, y no como un fin mercantil que sacrifique el bienestar de la sociedad.
Es hora de asumir nuestra responsabilidad en el ámbito de cada una de nuestras esferas, frente a esta realidad que pareciera crecer como un monstruo que podría devorar el desarrollo armónico de nuestros niños, niñas y adolescentes.
¡Vamos a Hacerlo Diferente!
