Las prisiones peruanas quedarán rodeadas por un dispositivo militar destinado a controlar accesos y dificultar las comunicaciones utilizadas por organizaciones criminales desde los centros penitenciarios. La decisión incorpora a las Fuerzas Armadas en una tarea de seguridad interna mientras el país enfrenta mayores presiones por extorsiones, homicidios y delincuencia organizada.
El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, explicó que los militares asumirán el control perimétrico y revisarán el ingreso de personas, vehículos, suministros y trabajadores penitenciarios. "Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo, o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada", afirmó el funcionario.
Belaúnde detalló que la vigilancia incluirá tecnología destinada a detectar objetos prohibidos y reducir las posibilidades de mantener comunicaciones ilícitas desde las prisiones. "Todo va a pasar por ese control, vamos a tener equipos de escaneo, equipos de detección de metales, vamos a tener nuestros propios sistemas para bloquear señales de celular", señaló.
La medida aparece entre las primeras acciones relevantes de seguridad del Gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia peruana durante julio de 2026. Su primer Consejo de Ministros ya había abordado una intervención reforzada del sistema penitenciario destinada a recuperar control y autoridad dentro de los establecimientos.
Seguridad penitenciaria abre otro frente contra el crimen
Las nuevas medidas también contemplan drones alrededor de las prisiones, junto con detectores de metales y controles reforzados sobre quienes atraviesen los perímetros penitenciarios. Según Belaúnde, incluso los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario de Perú deberán someterse a las revisiones establecidas mediante el nuevo dispositivo de seguridad.
El Ejecutivo prepara además modificaciones legales destinadas a acelerar la expulsión de extranjeros indocumentados vinculados con actividades ilícitas y revisar la clasificación de organizaciones criminales fronterizas. Belaúnde sostuvo que el marco actual resulta "casi prohibitivo" para determinados procedimientos de captura y expulsión relacionados con personas vinculadas al crimen transnacional.
La participación militar coincide con otras decisiones iniciales del Gobierno para ampliar temporalmente la presencia de las Fuerzas Armadas frente a la criminalidad organizada. Fujimori confirmó previamente que los militares serían convocados durante esta etapa, mientras su administración desarrolla medidas adicionales relacionadas con seguridad y control territorial.
