Nicaragua aprueba reforma que excluye a opositores y cambia las reglas electorales

Luego de una nueva modificación constitucional, Nicaragua se encamina hacia elecciones con restricciones más amplias para determinados sectores opositores y mandatos políticos más extensos. La Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura cambios que impedirían competir a personas vinculadas por el oficialismo con golpe, traición o intervención extranjera.

También quedarían alcanzados quienes promuevan sanciones o bloqueos económicos contra el país, según las explicaciones ofrecidas por autoridades parlamentarias antes de la votación. El alcance de esas categorías resulta central porque numerosos dirigentes opositores viven actualmente fuera de Nicaragua después de años de confrontación política.

Las protestas de 2018 marcaron un punto decisivo en esa ruptura entre el gobierno y sus adversarios políticos. La represión dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo califican aquellas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.

Cómo cambiarán las próximas elecciones

Si completa el procedimiento constitucional, la reforma impedirá presentarse a cargos electivos a quienes sean incluidos dentro de las categorías fijadas por el oficialismo. Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que tampoco podrán ejercer funciones públicas quienes sean considerados responsables de menoscabar independencia, soberanía o autodeterminación.

Las nuevas reglas afectarían especialmente a opositores exiliados señalados por solicitar intervención militar estadounidense o respaldar sanciones contra Nicaragua. Con estas restricciones, la competencia electoral quedaría limitada antes de los comicios presidenciales previstos para noviembre de 2027.

Ese calendario ya había sido modificado mediante una reforma anterior, que postergó las elecciones originalmente previstas para finales de 2026. En 2024, otra modificación constitucional amplió además el período presidencial de cinco a seis años y convirtió a Murillo, entonces vicepresidenta, en copresidenta.

Mediante esta modificación, el mandato presidencial aumenta de seis a siete años junto con otros cargos alcanzados por la reforma. Esa extensión también alcanzará a otros funcionarios elegidos por voto popular y a las jefaturas del Ejército y de la Policía.

Qué falta para que la reforma sea válida

La votación realizada este martes 1 de septiembre todavía no convierte automáticamente todos esos cambios en normas constitucionales plenamente vigentes. El procedimiento nicaragüense exige que una reforma constitucional sea aprobada durante dos legislaturas distintas antes de completar su incorporación formal.

Murillo anticipó que la segunda ratificación podrá comenzar a partir del 18 de enero de 2027, cuando se abra el siguiente período legislativo. Hasta entonces, las restricciones electorales y la ampliación de mandatos permanecen pendientes de esa segunda aprobación parlamentaria exigida para completar el trámite.

Ante los cambios electorales anunciados, distintos gobiernos y organismos expresaron críticas y preocupación por el nuevo escenario político. Estados Unidos, distintos países latinoamericanos, la Unión Europea y representantes de organismos internacionales expresaron rechazo o preocupación ante la evolución política nicaragüense.

La Organización de los Estados Americanos también impulsó una reunión de cancilleres para debatir posibles respuestas frente a las decisiones adoptadas en Managua. Con la ratificación todavía pendiente, la cuestión decisiva será quiénes podrán competir realmente en 2027 y bajo qué condiciones se desarrollará la elección.